La Malvinización petrolera

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By Carlos Tórtora

CFK empezó el año político con una fuerte tendencia a la baja. La tragedia del Once primero y el escándalo Ciccone después pusieron el gobierno a la defensiva. Ayer, sin ir más lejos, el juez federal Claudio Bonadío citó a prestar declaración a Juan Pablo Schiavi y Claudio Cirigliano por la tragedia de Once. La progresiva caída de la actividad económica y la incipiente recesión hicieron el resto. El resultado de este cambio de tendencia fue el descenso de alrededor de 20 punto de la imagen positiva de la presidente. Acorralada, ella recurrió a un clásico recurso de los regímenes autoritarios: desatar un conflicto externo para consolidar el frente interno en torno a una empresa nacionalista. La reestatización de YPF reemplaza así con éxito a la frustrada malvinización. Ésta provocó el disgusto de la administración Obama -principal aliada de Gran Bretaña- y acaba de extinguirse en Cartagena de Indias, debido al escaso entusiasmo de las cancillerías latinoamericanas para apoyar a un gobierno que reclama solidaridad mientras cierra las importaciones.
La malvinización petrolera en marcha, al margen de sus efectos económicos, es entonces una enorme operación política destinada a polarizar el frente interno con el pretexto de enfrentar a los demonios externos que siempre entusiasmaron al kirchnerismo. Esto es, los organismos internacionales, los grupos financieros y ahora el gobierno español, que fue el único punto de apoyo que encontró el kirchnerismo fuera de Latinoamérica desde el 2003 a la fecha.
La nueva cruzada ya está aliviándole al gobierno sus tensiones internas. La CGT, con Hugo Moyano a la cabeza, se vio obligada ayer a sumarse a la reestatización. Con escasas excepciones, la mayor parte de la dirigencia opositora parece enfilar en el mismo sentido y lo mismo haría la UIA, ya que sería políticamente incorrecto oponerse a una retórica que tendría altísimos números de aprobación en la opinión pública. Todo indica que, gracias a esta maniobra que nos coloca fuera del sistema internacional, Cristina podría conseguir recuperar la mayor parte, si no todos los 20 puntos perdidos.
Pero hay otro capítulo de esta operación que tiene una gran rentabilidad política para la Casa Rosada y que implica la puesta en marcha de una segunda Aerolíneas Argentinas, pero mucho mayor. La clave es el escandaloso DNU que dispone la intervención de YPF y la designación como interventores de Julio De Vido y Axel Kicillof. Al apropiarse sin ningún fundamento jurídico de la conducción de la petrolera, la presidente acaba de crear un nuevo botín de cargos, contratos y prebendas múltiples para fortalecer el sistema clientelar del gobierno. No sólo se trata de que las provincias petroleras serán titulares de la minoría de las acciones, sino que legisladores, sindicalistas y hasta intendentes del PJ podrán recibir beneficios de distinto tipo de la enorme estructura de la petrolera, consolidando así el sistema de alianzas del oficialismo para el 2013. O más aún, la actual contraofensiva K estaría consolidando la base de sustentación para el lanzamiento de la reforma constitucional. La palabra reforma fue mencionada por CFK tres veces en su discurso chavista de ayer.
Las perlas de un proyecto
El proyecto de ley para la expropiación de YPF que el gobierno acaba de enviar al Congreso señala en su artículo 7 que “la expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A., representado por igual porcentaje de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A., sus controlantes o controladas”. O sea que no se expropian las acciones del Grupo Petersen, que tuvo hasta ahora a su cargo el management de la empresa. Este contrasentido de no expropiar a los accionistas que gerenciaron la firma y sí a los que no lo hicieron, les facilita a los españoles el sustento de sus futuros reclamos judiciales y ante el CIADI, que probablemente alcancen a miles de millones de dólares. El artículo 8 pone en marcha una disputa entre las provincias petroleras, ya que la distribución de las acciones entre las mismas queda librada a una reglamentación que “deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa, teniendo en cuenta para tal fin los niveles de producción de hidrocarburos y de reservas comprobadas de cada uno de ellas”. Sin embargo, el siguiente artículo, el 9, deja que en claro que, al menos por un tiempo, la Casa Rosada retendrá el control de las acciones que se expropien antes de distribuirlas entre las provincias.
Mucho más significativo es el artículo 13, previsto para el caso de que Repsol no acepte el precio que fije el Tribunal de Tasaciones y recurra a un largo juicio de expropiación. En ese caso, no correspondería expropiación de acciones hasta que haya sentencia firme. En un alarde de arbitrariedad, el artículo 13 del proyecto establece que “entrada en vigencia la presente ley, se ejercerán todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de dicha norma”. El artículo 57 dice: “Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea”. Está claro que la norma se refiere a bienes muebles e inmuebles pero no a las acciones, ya que no corresponde hablar de uso transitorio de las mismas. Sin embargo, si el proyecto avanza, la expropiación se realizaría entonces manu militari mediante este mecanismo excepcional que es la ocupación temporaria anormal, no aplicable para las acciones. La aplicación del resto de la Ley de Expropiaciones se convertiría entonces en una mera formalidad. Este artículo será seguramente el eje de la discusión más fuerte en las dos cámaras.