Mientras desvía los fondos jubilatorios, el Gobierno recurre a toda clase de artimañas para trabar los juicios de actualización de haberes de la clase pasiva.
Para poder continuar con su política de saqueo y apropiación de los fondos jubilatorios, el Gobierno se vio obligado, al mismo tiempo y con el mayor de los sadismos, a imprimirle más fuerza a su campaña de persecución de jubilados, contradiciendo su proclamado progresismo.
Una nueva prueba de ello se advierte en una decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que ha trabado el avance de 7000 juicios de otros tantos jubilados que pugnan por lograr la actualización de sus haberes. Lo que ha hecho la Anses ha sido recusar sin causa a dos de los tres camaristas de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con la intención de apartarlos. Mientras este trámite continúa su marcha, los sumarios de los jubilados permanecerán inmovilizados.
Si bien se trata de una recusación sin causa, la razón de la medida solicitada por la Anses no encierra mayores misterios. Los dos camaristas recusados, Emilio Fernández y Luis Herrero, han sentenciado conforme a derecho en favor de jubilados mediante medidas cautelares que obligan a cumplir en el acto lo dispuesto en las sentencios mientras continúa el proceso. De no abonarse a los jubilados lo establecido en esos fallos, la responsabilidad judicial y económica recae en el contumaz titular de la Anses, Sergio Bossio.
A todo esto, la Cámara de Seguridad Social ha rechazado la recusación de los dos camaristas al argumentar que el planteo de la Anses constituye "una deliberada política institucional" de ese organismo, un "abuso del derecho" y que se ha enmascarado como "recusación sin causa" lo que en verdad es una "recusación con causa". Ante esta decisión de la Cámara, contraria a la Anses, este organismo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
La Anses no quiere la actualización de las jubilaciones porque está usando esos fondos con fines políticos y no le importa que la contracara de ese saqueo sean los casi 400.000 jubilados que han entablado demandas judiciales porque les corresponde cobrar más. De esos pleitos, 150.000 sumarios se encuentran apelados en segunda instancia. Tan poca piedad tiene el Gobierno que son numerosos los casos en que, habiendo obtenido sentencias favorables en la segunda instancia, los jubilados tampoco pueden percibir sus haberes actualizados. Al proceder así, la Anses no cumple con las sentencias de la Corte Suprema de Justicia ni con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se había comprometido a no recurrir los fallos favorables a los jubilados en primera instancia.
Ha habido, sin embargo, una notoria y escandalosa excepción. La madre de Cristina Kirchner inició un juicio cuando su hija ya ejercía la presidencia y en poco menos de tres años logró una sentencia favorable con el reajuste del monto de la pensión por la muerte de su marido. En su caso, contrariando su habitual accionar, la Anses no apeló el fallo.
Un caso inverso, ventilado por la prensa, muestra la ferocidad del Gobierno contra la clase pasiva. El cirujano Arón Schvartzman tiene 103 años y un fallo judicial favorable por el cual debería cobrar 5808 pesos mensuales en vez de los 3766 que cobra actualmente, pero la Anses le niega el aumento. Schvartzman inició la demanda en 2007. La Anses rechazó su reclamo y luego demoró dos años en enviarlo a la Justicia. En tanto, en el Presupuesto para 2013 se prevé que la Anses solo pague en efectivo 25.000 sentencias de jubilados.
Mientras les niega lo que les corresponde, producto de una vida de trabajo y aportes, el Gobierno desvía el dinero de los jubilados actuales y de los futuros. Así, se anunció que se empleará parte de los aproximadamente 200.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para financiar un plan de créditos accesibles para construir viviendas. Simultáneamente, el organismo desobedece a la Corte Suprema y no actualiza las 5.600.000 jubilaciones del país aplicándoles el 82 por ciento móvil. Recordemos, además, que se ha abierto una investigación al vicepresidente, Amado Boudou, por presuntas irregularidades en el manejo del FGS y la presunta falta de 4200 millones de pesos de ese fondo cuando él estaba al frente del organismo previsional.
En otra causa, se investiga al director de Control de Liquidación y Red de Grupos Móviles de la Anses, Gustavo Xamena, y al titular de una cooperativa, por el descuento compulsivo de cuotas de créditos inexistentes a unos 17.000 jubilados, operación posibilitada por la Anses desde 2001 hasta 2009 por alrededor de nueve millones de pesos.
En todos los casos, ya se trate de presuntos ilícitos o políticas oficiales de desvío de fondos para aplicarlos a programas que nada tienen que ver con los jubilados -lo cual también podría constituir un delito-, los perjudicados son siempre los mismos. Componen uno de los sectores de la sociedad más vulnerables por su edad y, por eso mismo, más indefensos ante el saqueo y la prepotencia del poder. Sus integrantes se ven obligados a pagar abogados para comenzar largos juicios en procura de cobrar lo que se les adeuda, siempre con el tiempo jugando en su contra. En este maltrato propio de un sádico es donde puede verse el verdadero e impiadoso rostro del Gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario