miércoles, 9 de enero de 2013

JUBILADOS: EL TIEMPO PARA HACER JUSTICIA SE LES AGOTA







Dr. Jorge R. Castorina    



Creo que ha llegado el momento de exigir soluciones inmediatas y concretas en cuanto a los problemas que afectan a jubilados y pensionados




No sólo por la dilación en reconocer sus legítimos derechos y la tendencia a que se agoten los recursos para el pago de sus prestaciones, como seguidamente haré referencia, sino también porque, desde un punto de vista estricto en cuanto a "derechos humanos inobjetables", el tratamiento que les dispensa el gobierno, sus legisladores, los políticos alineados y militantes partidarios, puede calificarse como una verdadera injusticia y calamidad, por la desidia y perversidad de los responsables.


Según el WSJAMERICAS del viernes 4 del corriente “España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación que plantea dudas sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones.” En la nota se agrega que el vaciamiento de dicho fondo obligará posiblemente al gobierno de Mariano Rajoy a solicitar un rescate este año del fondo de la Unión Europea.


A su vez, precisamente ese mismo viernes, aparece publicado en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y todo su gabinete, con fecha 27 de diciembre de 2012, por el que se dispone tomar 4.500 millones de pesos de las arcas de la ANSeS , de los cuáles 1.290 millones salen específicamente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, destinado a atender gastos no contemplados en el presupuesto vigente para facilitar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional, indicando que dada la "situación excepcional" se "hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos" en la Ley sobre decretos de Necesidad y Urgencia, la que establece que la Comisión Bicameral Permanente del Parlamento "debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de diez días hábiles”.


Frente a este nuevo despojo, sumado a los anteriores -no menos graves y perjudiciales-, estimo que urge alertar y requerir del Poder Judicial, en especial la Corte Suprema, se avoque a encarar acciones pertinentes y urgentes, fundadas en sus obligaciones como Poder Contralor Constitucional, pero enfocándolas también en el marco de evidente vulneración de los Derechos Humanos, por las siguientes razones que, entre otras, paso a enunciar:


1. La clase pasiva es acreedora de los aportes realizados y tiene un derecho de propiedad adquirido sobre los mismos, los que están siendo utilizados discrecionalmente y destinados a fines ajenos para los que fueron establecidos. El límite temporal para exigirlos jurídicamente tiene una perentoriedad obvia que los distingue a los de cualquier otro sujeto de Derecho.

2. Un gran número de esa clase pasiva ignora, sea por propio desconocimiento o como consecuencia de la arbitraria publicidad engañosa que lleva a cabo el gobierno solventada paradójicamente con los fondos que administra la ANSeS, cuáles son sus verdaderos derechos.

3. Las respuestas dadas por el titular de la ANSeS ante los reiterados y sucesivos cuestionamientos formulados por la Suprema Corte de Justicia, a más de ser evasivas, resultan falaces y sujetas a sanciones expresamente contempladas en la legislación vigente cuando los funcionarios públicos no cumplen con sus obligaciones o lo hacen indebidamente.

4. Al Poder Judicial le consta, dados sus recientes fallos respecto a la recusación sin causa de jueces del fuero previsional, que el Poder Ejecutivo no vacila ni oculta practicar cualquier clase de maniobra improcedente tendiente a eludir cumplir con sus obligaciones resultantes de sentencias firmes dictadas en casos de jubilados y pensionados que se decidieron por iniciar acciones contra el Estado. Con el agravante que dichas maniobras dilatorias apuntan principalmente a utilizar ilegalmente los recursos disponibles mientras duran las actuaciones y fundamentalmente lo más criticable, que de manera cruel e inhumana, persigue con ello especular con la desaparición física de los demandantes.


Asimilando dicha situación y tendencia con la citada en el caso de España, pero sabiendo que para la Argentina está cerrado el crédito internacional, cabe reflexionar y preguntar a la señora Presidenta a quiénes recurrirán los actuales y futuros jubilados cuando se agoten definitivamente los fondos mal administrados por la ANSeS y su gobierno.


O habrá que admitir que se repetirá la historia, en este caso aplicable al actual gobierno, que es del mismo signo político que el de su principal líder, el General Perón, cuando en su famoso discurso expresó que apropiarse de los fondos jubilatorios por el Estado era, ni más ni menos, un verdadero robo.

Dr. Jorge R. Castorina
Asesor de AAJA – Asociación Argentina de Jubilados Aportantes
jubiladosaportantes@fibertel.com.ar


No hay comentarios:

Publicar un comentario