Avance sobre la Justicia

La apuesta opositora: impedir las elecciones

Por Fernando Laborda | LA NACION

Si la reforma judicial que comenzó a sancionarse definitivamente ayer hubiera estado vigente desde hace algunos años, hoy muchas cosas serían distintas en la Argentina: al estar seriamente limitadas las medidas cautelares contra el Estado, el desguace del Grupo Clarín con el que sueña el kirchnerismo sería un hecho y varios de sus negocios hubieran sido ya repartidos entre amigos del Gobierno; el histórico predio ferial de Palermo le hubiese sido arrebatado por el Gobierno a la Sociedad Rural y tal vez estuviera funcionando allí una segunda Tecnópolis; se habría producido un festival de confiscaciones de empresas, imposibilitadas de interponer recursos de amparo con efectos mayores a los seis meses; muchos más jubilados que reclamaran actualizaciones de sus haberes estarían condenados a morir sin conocer la justicia, y la gran mayoría de los juicios laborales se prolongarían entre uno y dos años más por la creación de la Cámara de Casación del Trabajo y la Seguridad Social.

No habrían sido las únicas consecuencias. La existencia de un Consejo de la Magistratura dominado por el oficialismo y facultado para tomar importantes decisiones, como remover a un juez, con mayoría absoluta de sus miembros (10 sobre 19) en lugar de con los dos tercios, como hasta ahora, hubiera posibilitado un disciplinamiento de los magistrados a la medida de los intereses y caprichos de la Presidenta. El Poder Ejecutivo controlaría los tres poderes del Estado y monopolizaría la toma de decisiones.

La noción de independencia judicial ha sido transformada por el kirchnerismo en una suerte de privilegio corporativo.

Héroe o traidor

La pregunta ahora es hasta dónde llegará la promesa pública del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, de que no permitirá que nadie vulnere la independencia de la Justicia. La polémica denuncia de Elisa Carrió sobre un pacto espurio entre Lorenzetti y Cristina Kirchner ha puesto al titular del máximo tribunal ante la posibilidad de convertirse, de cara a la opinión pública, en un héroe de la defensa de las instituciones o en un traidor a la República.
En la oposición, son más los que creen que, a la larga, Lorenzino terminaría reivindicando las instituciones.

Pero tal vez no haya llegado aún el momento de detenerse sobre los pasos de los miembros de la Corte. Es más probable que, en lo inmediato, sean los jueces inferiores y los camaristas quienes deban salir a la cancha y algunos opositores se ilusionan con que hasta lo hagan en defensa propia, frente a un hipotético Consejo cuya mayoría política los tendría maniatados.
Es que, una vez promulgado el paquete de "democratización" de la Justicia, lloverán demandas de inconstitucionalidad por parte de asociaciones de magistrados, colegios de abogados, organizaciones civiles e incluso partidos políticos. Los pedidos de medidas cautelares aterrizarán en juzgados en lo contencioso administrativo y en la Justicia Electoral.

La expectativa de distintos sectores de la oposición es que las medidas cautelares frenen la realización de las elecciones de consejeros de la Magistratura, previstas para agosto (primarias) y para octubre (generales).

De sancionarse definitivamente la ley de reforma del Consejo en el Senado, jueces, abogados y académicos estarían obligados a plegarse a las listas partidarias, tengan o no afinidad con algún partido político. Estarán forzados a someterse a la lógica partidaria, a tener que discutir su lugar con punteros políticos y a incorporarse a una boleta sábana.

El partido que triunfe impondrá cuatro de seis académicos, dos de tres jueces y dos de tres abogados, al tiempo que si toda la oposición decidiera llevar una única lista de consejeros no podría hacerlo. El supuesto progresismo kirchnerista quedó olvidado en la redacción de una ley que abandonó la representación proporcional a cambio del viejo sistema de mayoría y minoría para cubrir los cargos del Consejo..