abril 27, 2013
El gobierno estaría presionando a la Corte Suprema para que dicte sentencia en el caso Clarín antes de que empiece la campaña electoral, esto es, a mediados de junio. La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal se pronunció la semana pasada declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de medios y revocando el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso. Ahora, por vía del recurso extraordinario, el Ejecutivo lleva la causa a la Corte y se instala un nuevo escenario político.
En la Casa Rosada saben que Ricardo Lorenzetti estaría conversando con sus colegas para tratar de diferir el estratégico fallo para después de las elecciones de octubre y evitar jugar un rol -en contra o a favor del gobierno- en plena campaña electoral. Pero en la Casa Rosada hacen otros cálculos. Si el Frente para la Victoria perdiera las elecciones o sólo alcanzara un pobre resultado, esta desgracia política podría convencer a la Corte de la conveniencia de asestarle un golpe decisivo a un gobierno tambaleante, confirmando el fallo de Cámara. Así las cosas, el gobierno quiere que el fallo se conozca antes de la campaña electoral y, obviamente, que le sea favorable.
Eugenio Zaffaroni fue el portavoz de esta postura y el lunes pasado argumentó que el fallo en el caso Clarín debe conocerse antes de la campaña electoral para evitar suspicacias políticas.
Pero ayer, el destacado penalista emitió otros dos mensajes. Propuso la ampliación de la Corte a 19 miembros -lo que puede hacerse por ley- para acelerar la resolución de los expedientes. Pero además habló de una eventual reforma constitucional que podría decidir la creación de un tribunal constitucional. Éste es el modelo que funciona en Alemania, Italia, España y Portugal. Un tribunal constitucional absorbería las causas con mayor trascendencia institucional y política, las que afectan derechos constitucionales, dejándole a la Corte competencias prácticamente residuales.
En las negociaciones previas a la reforma constitucional del ‘94, algunos allegados a Carlos Menem propusieron incluir en la misma la creación del Tribunal Constitucional. Pero Raúl Alfonsín vetó la idea y defendió las funciones de la Corte. Ahora, el cristinismo podría tener muchos menos miramientos y la versión de que, acosada por las presiones, la Corte podría optar por una renuncia masiva, no parece inquietar demasiado al gobierno. La repercusión negativa no sería superior al reciente escándalo de la sanción de una reforma judicial inconstitucional y el tribunal continuaría funcionando provisoriamente integrado por conjueces.
De más esta decir que las nuevas presiones sobre la Corte componen un menú más amplio, ya que la oposición se propone accionar rápidamente ante la justicia reclamando la inconstitucionalidad de la reforma judicial en particular y en especial medidas cautelares que suspendan la aplicación de la elección popular de los consejeros para la Magistratura. Todo indica que el gobierno dilatará la promulgación y la publicación de la nueva ley hasta la fecha tope, que sería el 11 de mayo, cuando vence el plazo de 90 días para convocar a las primarias del 11 de agosto. Llegado este punto, la oposición se enfrentará a un serio dilema. Si impugna judicialmente la elección y al mismo tiempo presenta listas de candidatos para la Magistratura el 22 de junio, su reclamo judicial podría derrumbarse.
La doctrina de los actos propios señala la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Es decir, sería inaceptable que los que rechacen por inconstitucional la elección, al mismo tiempo la convaliden presentando sus candidatos. Ayer, uno de los principales dirigentes de la UCR, Ernesto Sanz, ya cayó en esta contradicción. Luego de criticar duramente la elección de los consejeros, subrayó que su partido buscará los mejores candidatos para competir con el kirchnerismo. Es lógico que los radicales empiecen a entusiasmarse con la elección de consejeros al mismo tiempo que la denostan. Es que el nuevo artículo 18° del proyecto, introducido en tiempo record por la bancada oficialista, establece que sólo los partidos representados en 18 distritos podrán presentar candidatos a la Magistratura.
Por otra parte, la elección de consejeros será por distrito único, como una elección presidencial. Y los únicos partidos con 18 distritos que cuentan con un caudal de votos distribuido en todo el país son el PJ y la UCR. El PRO tiene también más de 18 distritos, pero sus votantes se concentran sólo en 3: Capital, Santa Fe y Buenos Aires. La conclusión es obvia: los consejeros se los repartirían el PJ y la UCR.
Toda una invitación a recrear el bipartidismo. Se trata de una innovación que coincide con los comentados mensajes de Zaffaroni. Después de octubre, sobre la base de un Consejo de la Magistratura hegemonizado por radicales y kirchneristas, tal vez podría construirse el acuerdo para un Pacto de Olivos II que incluya, entre otras reformas constitucionales, la creación del Tribunal Constitucional
En la Casa Rosada saben que Ricardo Lorenzetti estaría conversando con sus colegas para tratar de diferir el estratégico fallo para después de las elecciones de octubre y evitar jugar un rol -en contra o a favor del gobierno- en plena campaña electoral. Pero en la Casa Rosada hacen otros cálculos. Si el Frente para la Victoria perdiera las elecciones o sólo alcanzara un pobre resultado, esta desgracia política podría convencer a la Corte de la conveniencia de asestarle un golpe decisivo a un gobierno tambaleante, confirmando el fallo de Cámara. Así las cosas, el gobierno quiere que el fallo se conozca antes de la campaña electoral y, obviamente, que le sea favorable.
Eugenio Zaffaroni fue el portavoz de esta postura y el lunes pasado argumentó que el fallo en el caso Clarín debe conocerse antes de la campaña electoral para evitar suspicacias políticas.
Pero ayer, el destacado penalista emitió otros dos mensajes. Propuso la ampliación de la Corte a 19 miembros -lo que puede hacerse por ley- para acelerar la resolución de los expedientes. Pero además habló de una eventual reforma constitucional que podría decidir la creación de un tribunal constitucional. Éste es el modelo que funciona en Alemania, Italia, España y Portugal. Un tribunal constitucional absorbería las causas con mayor trascendencia institucional y política, las que afectan derechos constitucionales, dejándole a la Corte competencias prácticamente residuales.
En las negociaciones previas a la reforma constitucional del ‘94, algunos allegados a Carlos Menem propusieron incluir en la misma la creación del Tribunal Constitucional. Pero Raúl Alfonsín vetó la idea y defendió las funciones de la Corte. Ahora, el cristinismo podría tener muchos menos miramientos y la versión de que, acosada por las presiones, la Corte podría optar por una renuncia masiva, no parece inquietar demasiado al gobierno. La repercusión negativa no sería superior al reciente escándalo de la sanción de una reforma judicial inconstitucional y el tribunal continuaría funcionando provisoriamente integrado por conjueces.
Bipartidismo 2013
De más esta decir que las nuevas presiones sobre la Corte componen un menú más amplio, ya que la oposición se propone accionar rápidamente ante la justicia reclamando la inconstitucionalidad de la reforma judicial en particular y en especial medidas cautelares que suspendan la aplicación de la elección popular de los consejeros para la Magistratura. Todo indica que el gobierno dilatará la promulgación y la publicación de la nueva ley hasta la fecha tope, que sería el 11 de mayo, cuando vence el plazo de 90 días para convocar a las primarias del 11 de agosto. Llegado este punto, la oposición se enfrentará a un serio dilema. Si impugna judicialmente la elección y al mismo tiempo presenta listas de candidatos para la Magistratura el 22 de junio, su reclamo judicial podría derrumbarse.
La doctrina de los actos propios señala la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos. Es decir, sería inaceptable que los que rechacen por inconstitucional la elección, al mismo tiempo la convaliden presentando sus candidatos. Ayer, uno de los principales dirigentes de la UCR, Ernesto Sanz, ya cayó en esta contradicción. Luego de criticar duramente la elección de los consejeros, subrayó que su partido buscará los mejores candidatos para competir con el kirchnerismo. Es lógico que los radicales empiecen a entusiasmarse con la elección de consejeros al mismo tiempo que la denostan. Es que el nuevo artículo 18° del proyecto, introducido en tiempo record por la bancada oficialista, establece que sólo los partidos representados en 18 distritos podrán presentar candidatos a la Magistratura.
Por otra parte, la elección de consejeros será por distrito único, como una elección presidencial. Y los únicos partidos con 18 distritos que cuentan con un caudal de votos distribuido en todo el país son el PJ y la UCR. El PRO tiene también más de 18 distritos, pero sus votantes se concentran sólo en 3: Capital, Santa Fe y Buenos Aires. La conclusión es obvia: los consejeros se los repartirían el PJ y la UCR.
Toda una invitación a recrear el bipartidismo. Se trata de una innovación que coincide con los comentados mensajes de Zaffaroni. Después de octubre, sobre la base de un Consejo de la Magistratura hegemonizado por radicales y kirchneristas, tal vez podría construirse el acuerdo para un Pacto de Olivos II que incluya, entre otras reformas constitucionales, la creación del Tribunal Constitucional
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