Una insólita “variable de ajuste” en el país del Papa: Los jubilados y pensionados de la Argentina

By Jorge R. Castorina


En momentos en que tenebrosas actitudes políticas hacen peligrar seriamente a las instituciones de la República, como también a suprimir la vigencia de derechos esenciales y a la República misma, cuesta hacer planteos sobre cuestiones que pudieran ser tildadas de egoístas por interpretarse que hacen a un exclusivo interés sectorial o que sólo afectan a un selectivo grupo de la comunidad. Me refiero a los jubilados y pensionados actuales y futuros y muy en particular a los que aportaron durante toda su vida laboral.

Sin embargo, haciendo abstracción de aquél prurito, creo que su tratamiento se impone como oportuno dada la estrecha vinculación existente entre los hechos políticos aludidos, emanados del accionar del gobierno, y el perjuicio directo que le reporta a la clase pasiva en general, pero más aún a aquellos trabajadores retirados que durante su vida laboral cumplieron con sus obligaciones en materia de aportes previsionales.

En primer lugar importa aclarar y destacar que, contrariamente a lo que suele afirmar la señora Presidente y sus funcionarios y políticos afines, ningún gobierno anterior a los últimos 10 años le provocó a los jubilados y pensionados -actuales y futuros- tanto perjuicio como el que le viene ocasionando la actual administración de gobierno. A título de ejemplo bastaría con citar los siguientes:

1.- A través de la ANSES dilata arbitrariamente el reconocimiento y la liquidación correcta de las prestaciones, aplicando para ello toda clase de maniobras, sean administrativas o jurídicas;

2.- Vetó una ley sancionada por el Congreso, por la cual se les reconocía y otorgaba el derecho a percibir sus prestaciones aplicando el 82% móvil de las remuneraciones del trabajador activo;

3.- Confiscó los fondos aportados de aquellos trabajadores que, en número cercano a los 10 millones, prefirieron permanecer bajo el régimen privado de capitalización individual, manifestada expresamente un año antes de la apropiación, a través de la opción ofrecida por el mismo gobierno;

4.- A partir de dicha confiscación, el gobierno comenzó a utilizar los fondos apropiados de manera anti técnica, sin prever garantías suficientes como para resguardar su intangibilidad al momento de ser recuperados, con el agravante de las dudas que se plantean en cuanto a que ello se produzca. Vale mencionar, entre otros, los utilizados; – para desarrollar una política controvertida de asistencialismo demagógico y para otorgar beneficios en concepto de pensiones no contributivas, las que, en rigor y conforme a principios básicos de la seguridad social, deberían ser sustanciados con recursos provenientes de rentas generales; – para otorgar préstamos a empresas privadas; – para financiar asignaciones universales a hijos de desocupados; -para publicitar demagógicamente actos del gobierno en la habitual programación de “Fútbol para Todos”; – para invertir en letras del Tesoro, suscriptas íntegramente por la ANSES con el objeto de financiar cuentas públicas deficitarias; -para pagar computadoras que se les regalan a chicos en las escuelas a través del programa Conectar Igualdad,: -para solventar el mega plan de viviendas anunciado por la Presidenta; – para girarle al gobierno provincial centenares de millones de pesos a fin de auxiliarle a pagar aguinaldos; – para socorrer con créditos a las familias que -lamentablemente y por carencia de políticas nacionales de infraestructura- fueron afectadas por las inundaciones y, sintetizando, para financiar subsidios de todo tipo.

5.- Y en estos días, como si no fuesen suficientes aquellos manejos irregulares e impropios, advertimos que se están vendiendo tenencias invertidas en títulos públicos dolarizados para intervenir en el mercado de cambios, utilizándolas como herramienta de política monetaria a fin de procurar la baja del llamado dólar paralelo.

Entrando un poco más en detalles, cuesta imaginar que se llegaría al extremo de utilizarlos financieramente para incidir en el mercado de cambios con el propósito político de acortar la brecha existente entre el dólar oficial y el paralelo, vendiendo bonos dolarizados que forman parte de la cartera del “Fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional” con la exclusiva finalidad de incentivar su oferta y, consecuentemente, propiciar la caída de su valor, que es equivalente al de la moneda extranjera, pero al hacerlo desprejuiciadamente ese proceder conduce a la pesificación de dichas tenencias, las que están garantizadas debidamente para mantener su intangibilidad.

Con esa actitud indolente e irresponsable el gobierno vuelve a ocasionarle a la clase pasiva otro arbitrario e irreparable daño, consistente en devaluar inversiones que deben servir para atender futuras obligaciones previsionales, además de vulnerar el derecho de propiedad que les corresponde a los titulares de los aportes, haciéndoles jugar un perverso e injusto rol a modo de “variable de ajuste” en tiempo de crisis, ya que se los obliga nuevamente a concurrir con sus ahorros para intentar neutralizar graves y crecientes problemas económicos y financieros que afectan al país y a su gente como consecuencia de la mala praxis de sus gobernantes y funcionarios.

Las aludidas turbulencias políticas, los hechos de corrupción, las amenazas que se ciñen sobre la anhelada convivencia democrática y las necesidades proselitistas en un año electoral, hacen que esas reiteradas actitudes del oficialismo que atentan contra los derechos de los jubilados pasen inadvertidas o postergadas en su atención.

Subsisten aún otros perjuicios no menos graves que los enunciados, los que impiden que los pasivos mayores puedan llevar una vida digna acorde con sus merecimientos y esfuerzos laborales, desde que el 75% de ellos sólo percibe el beneficio mínimo al haberse achatado la pirámide previsional como consecuencia de la actual política populista que persigue contar con más pobres sujetos a recibir dádivas y de esa forma constituirse en rehenes para proveerles de votos, mientras que la mal llamada “movilidad” que se los otorga dos veces por año constituye otra falacia preanunciada, desde que aplica una fórmula que es más bien un galimatías y de la que surgen resultados distantes del propósito constitucional de mantener el poder adquisitivo de las prestaciones. Por otra parte, siguen sin abonarse las acreencias resultantes de numerosos juicios que obtuvieron sentencia firme y sin resolver cerca de 500.000 juicios de jubilados que se sustancian en el fuero de la Seguridad Social, con el agravante insólito que desde ahora y mientras no sea declarada inconstitucional la ley que la instituyó, rige una nueva instancia judicial que facilitará a la ANSES postergar aun más las actuaciones, especulando con las posibilidades de vida de los actores.

Un párrafo aparte y especial va dirigido a los políticos de la oposición, quiénes en épocas preelectorales se comprometieron a ocuparse en impulsar medidas tendientes a solucionar aquellos graves problemas y otros planteados, como ser: proponer la exención a tributar el impuesto a las ganancias al sector pasivo y requerir unificar el criterio de transferir las retenciones destinadas a la Obra Social (PAMI) a las prepagas escogidas voluntariamente por los jubilados, ya que al no utilizar los servicios de aquella institución les significa un doble injusto desembolso. Ninguna de esas promesas, hasta ahora, fue cumplida por los líderes políticos que se acercaron a las organizaciones de jubilados y pensionados.

Volviendo al enunciado del principio, es aceptable reconocer que estamos viviendo tiempos angustiantes por la gravedad de los acontecimientos políticos que, en escalada asombrosa, pueden significar la pérdida de valores superiores, como es el de vivir en una república democrática. Pero también es muy cierto que esas angustias sufridas por quiénes tienen menos fuerzas para resistirlas y menores esperanzas para verlas superadas en el tramo de vida que les resta, deberían ser expuestas con fuerte y permanente énfasis por todos los medios de comunicación social.