sábado, 22 de junio de 2013

¿Hasta dónde llegará el ataque de Cristina a los jueces?






junio 22, 2013

 
 
 

El estado de impotencia y de desestabilización emocional de la presidente ante el fallo de la Suprema Corte que invalidó el corazón de la reforma judicial es tal vez el dato político más importante de los últimos días. El fallo del alto tribunal fue la respuesta esperada a la llamada democratización de la justicia, planteada en términos similares a la anterior democratización de los medios, una estrategia para someter al periodismo independiente a través de la ley de medios audiovisuales.

Desde la sanción de esta ley, el gobierno avanzó en la colonización de los medios privados a través de la política de la zanahoria y el garrote, o sea, la distribución arbitraria de la pauta publicitaria. Con la reforma judicial, el kirchnerismo terminó negando el control de constitucionalidad que la Carta Magna le asigna al poder judicial. El colmo de los ataques le tocó a Carlos Kunkel, que calumnió sin disimulo, al decir: “hay jueces que cobran para cajonear expedientes”. Tal vez Kunkel se refería a cosas que ocurrirían en la justicia federal, allí donde las causas de corrupción que afectan a numerosos funcionarios del gobierno nacional duermen el sueño de los justos. Es el caso del desafortunado inicio del expediente en el que se investiga el presunto lavado de dinero de Lázaro Báez. El juez Sebastián Casanello ya se hizo famoso por ordenar allanamientos semanas después de que los inmuebles en cuestión fueran vaciados de toda prueba que incriminara a sus los investigados.

Definiciones de última hora


Kunkel parece referirse a una sola causa, que es la obsesión personal de la presidente. Se trata de la cautelar que protegía al Grupo Clarín del desguase que le tenían preparado. El gobierno presionó el año pasado y la Corte reclamó más celeridad. Así fue y primero falló el juez Horacio Alfonso, dándole la razón al gobierno. Luego, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio la razón la razón a Clarín, aunque no del todo, al declarar constitucional el articulo 161 (la cláusula de desinversión). Ahora, la Corte Suprema podría estar explorando una solución intermedia como es declarar inconstitucional esta norma. Pero al mismo tiempo le daría tres años al grupo Clarín para que desinvierta, por la razón de que la mayor parte de los ministros del tribunal preferirían que la aplicación efectiva de la ley de medios la haga el próximo gobierno.

Otra obsesión presidencial es la aprobación de la ley que restringe las medidas cautelares contra el Estado. La presidente ejemplificó de un modo grotesco advirtiendo disparatadamente que podría haber una cautelar que prohíba votar para presidente y legisladores. Algo que es imposible que ocurra. Lo cierto es que varios jueces del fuero contencioso administrativo ya suspendieron la vigencia de varios artículos de la ley y todo indica que las cautelares, aun si quedan vigentes algunas de las nuevas restricciones, seguirán siendo una defensa del ciudadano ante el avance de un Estado dispuesto a estatizar prácticamente casi todo. La vuelta de la amenaza de reformar la constitución es una muestra de la incapacidad del cristinismo para modificar sus planes políticos en consonancia con los cambios de la realidad.

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