27/07/2013
(Desde Quito) Y ahora tienen una página de béisbol!! ¿Te das cuenta?”, me dice. Y repite: “¡¡Una página de béisbol!!” Yo no entiendo el tono exaltado de su comentario. “¡¡Aquí no hay béisbol! -aclara- Entonces llenan una página con la Federación Junior de Guayaquil”.
“¿Tú te acuerdas cómo era El Universo?” -Sí.
-“Bueno, la sección Política se ha quedado en dos páginas, y hoy en la primera plana aparece más grande la elección de la Reina de Chone que la reelección del Alcalde. El cometido de “la ley” se ha cumplido incluso sin su aplicación”.
“La Ley” es aquí la ley de medios de Rafael Correa, la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en un trámite exprés por la Asamblea el 14 de junio con 110 votos sobre 137. “Lo que comenzó desde entonces fue un período de total autocensura”, le dice a Clarín César Ricaurte, de la ONG Fundamedios, que reúne al periodismo independiente en vías de extinción. “Este es el último paso en el deterioro de la libertad de expresión en Ecuador”, dice Carlos Lauría, del Comité de Protección a los Periodistas.
La Ley de Medios ecuatoriana sostiene:
1) Sobre la Etica: “Respetar presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información” y “cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias”. Lo que significa: prohibición de informar sobre una causa judicial en curso hasta que tenga una sentencia firme; el título de una noticia no podrá nunca ser interpretativo, sino descriptivo; si se denuncia a un funcionario, el espacio de la denuncia debe ser de la misma importancia que el descargo del funcionario; el Estado podrá evaluar la oportunidad de la publicación de determinada información en función de intereses superiores, etcétera.
2) Crea el delito de “linchamiento mediático”: es la “difusión de información concertada y reiterativa destinada a perjudicar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. Una categoría absolutamente ambigua que podría alcanzar a cualquier denuncia de corrupción en la administración pública.
3) Los medios digitales serán responsables de los comentarios anónimos de sus usuarios en las páginas de Internet.
4) Crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, que establecerá mecanismos para el ejercicio del derecho de los usuarios de los medios; la Superintendencia de medios, que aplicará las sanciones, y la figura del Defensor de Audiencias, un funcionario público que desarrollará su tarea en cada redacción, cada informativo, cada página web.
“Vimos este plan desde su comienzo, y nunca pensamos que iban a ser capaces de algo así”, dice un ex banquero cuyo grupo sufrió la confiscación de canales de televisión y medios gráficos. Inventaron lo que tuvieron que inventar, forzaron lo que fue necesario forzar y lo hicieron igual. Correa necesitaba cambiar la Constitución y no podía tener medios en contra de esa idea. Siempre supieron que iban a hacer lo que hicieron.
Hay aquí quienes recuerdan las declaraciones de Fernando Alvarado en la revista Gatopardo de julio-agosto de 2012 como un recuerdo del futuro. La nota, titulada “Ecuador se fue a la guerra” está firmada por Boris Muñoz, que relata: “Hace cuatro años el presidente le pidió a Alvarado, el secretario de Comunicación, que le presentara su visión de los medios en el país. Alvarado le mostró un mapa mediático con la situación de los medios grandes y pequeños. Su colofón era que la información estaba secuestrada por los grandes medios.
Eran, dijo, “como una maleza que había que limpiar”. Y continuó: “Le dije al presidente que la maleza siempre está allí, y siempre iba a estar, y que en consecuencia sólo tenía dos caminos: darle espacio y negociar con ellos, lo que implicaba dejar la maleza crecer, podándola sólo de vez en cuando.
El otro camino era sacarlos de la cancha. Alvarado recuerda haberle dicho al presidente: “Pero para eso tiene que cortar la maleza y podarla todos los días porque no se va a morir”. Correa dijo: “No creo que las cosas queden igual.
Me voy por la jardinería constante. Al final la sociedad va a discriminar mejor y los medios entenderán que no deben mentir”.
La crisis del 30 de septiembre de 2011 marcó el inicio de la grieta: la verdad oficial es que hubo un intento de golpe de Estado y que el presidente Correa fue víctima de un secuestro. La oposición dice que se trató de una rebelión policial mal manejada por el gobierno y que el presidente podría, incluso, ser el responsable del ataque militar al Hospital de la Policía, que produjo cinco víctimas mortales, pero Correa no admite ni siquiera que se plantee la segunda versión. Ese fue el motivo del juicio contra Emilio Palacio y el diario El Universo.
Este jueves se conoció otra sentencia por ese hecho contra el legislador Clever Giménez, del movimiento indígena Pachacutik, y el periodista Fernando Villavicencio, condenados a 18 meses de cárcel efectiva y a pagar una indemnización de 140.000 dólares (calculada en base a los veinte meses que duró el proceso y el salario mensual de Correa de 7.000 dólares) y a pedir disculpas por radio, prensa y TV. El delito es haber presentado una denuncia judicial contra el presidente para que se investigue su actuación en los sucesos de septiembre; la demanda fue calificada como “maliciosa”.
Antes de que fuera reglamentada, la ley de medios logró su primera víctima: el semanario Vanguardia, de siete años de trayectoria y dedicado a las notas de investigación. Su propietario, Francisco Vivanco, decidió cerrarlo, aunque el staff se propuso resistir y planifica montar una edición en Internet. Gonzalo Rosero, el entrevistador radial número uno en Quito a través de Radio Democracia, abandonó su espacio. Las versiones sobre la posible expropiación de los dos únicos canales privados que quedan se multiplican y florecen las páginas de béisbol. Los trolls correístas dominan Twitter: son unos doscientos, dedicados 24 por 24 a campañas de hostigamiento a periodistas y opositores, organizados con rango militar (“General A”, “Soldado 1”, etcétera) y se intensifican las cadenas nacionales del propio presidente (1.135 en los últimos años) o de una voz oficial en off que exhibe la foto de prontuario de un periodista y dice: “Este periodista es un traidor a la Revolución. No lo olvide. Mire este rostro”.
Las agresiones a la libertad de prensa han ido aumentando año a año: En 2008 hubo 22; en 2009, 103; en 2010, 151; en 2011, 156; en 2012, 172 y en lo que va de 2013, 85.
“Observamos cómo el gobierno se vale de todo tipo de argucias para sostener una imagen caricaturesca y prefabricada de revolución -concluye Ricaurte-. Ofrece asilo a quienes han difundido informaciones reservadas (N del A: Julian Assange), pero al interior del país obstaculiza y criminaliza la libertad de expresión, impidiendo el acceso a la información pública. Con estas actitudes, aspira a hacerse merecedor de la credibilidad internacional como un gobierno que respeta los derechos y libertades ciudadanas cuando país adentro, los acalla”.
¿Será Ecuador, respecto de Argentina, un espejo que adelanta?
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Investigación: JL / María Eugenia Duffard / Amelia Cole
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