El fiscal Federico Delgado imputó a Diego Bossio por una denuncia de Lilita Carrió y Fernanda Reyes. También están acusados los secretarios de Hacienda y Finanzas.
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El fiscal Federico Delgado pidió abrir la instrucción para investigar si el titular de la ANSeS, Diego Bossio, y los secretarios de Finanzas, Adrián Cosentino, y Hacienda, Juan Carlos Pezoa, desviaron miles de millones de pesos de fondos jubilatorios hacia otros gastos del Estado.
Se trata de la suscripción de tres Letras del Tesoro una por 835 millones de pesos, otra por 1.378.357.753 de dólares y la última de 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Ese dinero estaba destinado a las empresas CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) y ENARSA (Energía Argentina SA), con el objetivo de cancelar deudas con la compañía Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA).
Según la requisitoria del fiscal, “la denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012 y su emisión del 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013”.
El pedido de Delgado hace lugar a una denuncia que presentaron la diputada Lilita Carrió y Fernanda Reyes, compañera de fórmula de Pino Solanas para el Senado en la Coalición Sur dentro del frente UNEN.
Carrió y Reyes habían pedido “que se investigue la posible comisión de los delitos de fraude a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”, así como la eventual violación de “la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”.
En su denuncia, las dirigentes de la Coalición Cívica cuestionaban dos resoluciones conjuntas de Finanzas y Hacienda que se publicaron el 28 de junio pasado, “más de ocho meses después de su dictado”. Esas resoluciones decidían el destino de fondos millonarios de los jubilados, en un caso para suscribir una letra del Tesoro, con lo que se suele financiar el Gobierno, y en otro para pagar una deuda en dólares con la venezolana PDVSA.
Carrió y Reyes sostuvieron “es sorprendente lo burdo, manifiesto e irregular de estas operaciones” y afirmaron que la demora en la publicación en el Boletín Oficial revelaba “flagrantemente una maniobra irregular que más allá de realizarse para ocultar estas resoluciones evidencia tener un fin ilegal”.
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