18/10/13
Es por $ 3.000 millones. El Gobierno lo hizo para oficializar el acuerdo con empresas estadounidenses que habían litigado contra Argentina. Así, dio un paso clave para destrabar créditos del Banco Mundial.
El Gobierno amplió en $ 3.000 millones la deuda del Estado Nacional. Lo hizo para oficializar el acuerdo con empresas estadounidenses que habían litigado contra la Argentina en el tribunal del Banco Mundial conocido por las siglas CIADI. (Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados).
La norma publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Jefe de Gabinete, Juan M. Abal Medina y del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino, precisa que la Argentina entregará a esas empresas Bonos en dólares que vencen en 2015 (BODEN) y 2017(BONAR), que rinden un 7% de interés anual. Son unos U$S 500 millones.
Por su parte, las empresas se comprometen a suscribir Bonos BAADE “u otro instrumento de deuda pública” por una suma equivalente a, por lo menos, el 10% de los montos reclamados”, dice la Decisión Administrativa Nª 830/13.
Con esta decisión el Gobierno dio un paso clave para destrabar créditos del Banco Mundial por U$S 3.000 millones para el periodo 2014-16 que estaban condicionados a la cancelación de los reclamos de esas empresas.
En el Directorio del Banco Mundial tiene un peso clave Estados Unidos, país que votaba en contra del otorgamiento de nuevos créditos a la Argentina si no se solucionaba el litigio con los fondos buitre, el pago de la deuda con Club de París y las sentencias en contra en el CIADI. Ahora, la Argentina concretó este último punto.
En paralelo, el Gobierno argentino negocia con el FMI el aval al nuevo IPC Nacional.
Las empresas beneficiadas por este acuerdo son: Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB titular del reclamo de “Continental Casualty Co., Vivendi (Aguas del Aconquija), Azurix Corp y NG-UN Holdings titular del reclamo de “National Grid”.
Esas compañías iniciaron juicios por la devaluación de 2001, amparándose en convenios firmados durante la gestión de Carlos Menem que les aseguraban estabilidad cambiaria.
La norma no especifica a cuanto ascendía el reclamo indemnizatorio de esas empresas ni cuánto recibirá cada una. En cambio, se señala que “las Empresas acreedoras reajustan sus pretensiones indemnizatorias, reduciéndolas en no menos del 25% de la liquidación correspondiente”.
En tanto, la Argentina tiene otros 45 reclamos similares en el CIADI y más actuales, como el de Repsol por la estatización parcial de YPF
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