Jueves 28 de Noviembre de 2013
Somos muchos los que sugerimos que evitar una nueva crisis en Argentina implica cambiar el rumbo. Pero no he visto aún propuestas concretas acerca de que cambio concreto se requiere. Aquí va mi propuesta, la que esperó sea criticada por los lectores para iniciar un debate necesario
Cuando Brasil devaluó en 1999, recuerdo que los
periodistas entrevistaron a Carlos Saúl Menem -el entonces presidente de
la Argentina-, y le consultaron por el abandono de la convertibilidad y la
magnitud de la devaluación que llevaría adelante el gobierno argentino. Menem
respondió que no habría devaluación. Que el paso que venía era la dolarización.
Siempre tuve la sensación de que ésa era la salida que el país necesitaba para
evitar volver a las políticas inflacionistas de los años 1980. Pero Menem no
avanzó en esta política, y por el contrario, continuó incrementando
el gasto público (aumentó 100% en dólares en una década), con su
consecuente déficit fiscal. La acumulación de deudas le permitió mantener su
estructura de poder y colocó los vencimientos pocos días después de su salida
del cargo, dejando el campo minado a su sucesor.
Fernando De la Rúa prometió mantener la
convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para
equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a
día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con
la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país
necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones
sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el
plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallosólo empeoró las cosas.
Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales
claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de
capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin
reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad
y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela
antes de quedarse sin reservas.
Ya escribí hace unos pocos días acerca de la
coyuntura actual, con serios problemas en el frente fiscal, monetario y
cambiario. Sintetizando algunas magnitudes clave, el presupuesto 2014 prevé
un gasto público total cercano al billón (1.000.000.000.000) de pesos, cuya
ejecución promete exceder aún ese valor. La presión tributaria récordde nuestra
historia -y una de las más altas del mundo- no alcanza para financiar dicho
gasto, diferencia que será financiada con mayor emisión de dinero y el
restringido acceso a deuda pública, que se elevó de US$ 144.000 millones en 2001
a US$ 237.500 millones, una vez que sean regularizados los saldos pendientes. En
el frente cambiario, la fuga de capitales ya perforó el nivel de reservas
del Banco Central de los US$ 33.000 millones, lo que promete seguir presionando
el alza de precios.
El problema que enfrenta hoy el gobierno es cómo
evitar que continúe esta pérdida de reservas, dado que esto atenta contra el
modelo económico. Sugería en aquel artículo un cambio de rumbo o de modelo, pero
eso no pasará si atendemos al discurso oficial. Las reformas económicas que se
comentan, sea una profundización, ampliación o desdoblamiento del cepo
cambiario, o bien medidas concretas contra aquellos que quieran salir del país
en el verano que se avecina, son sólo un maquillaje que de ningún modo podrán
resolver esta difícil situación.
¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer
nuestros fallos. La Argentina es incapaz de gestionar su propio dinero, aspecto
que queda claro al estudiar nuestra historia o revisando la
situación inflacionaria actual. El cepo cambiario además ha fracasado,
si atendemos que en un año y medio desde su implementación generó una fuga de
capitales de 19.000 millones de dólares, apenas por debajo de los 20.000
millones de dólares que se fugaron entre enero de 2001 y mitad de 2002.
En segundo lugar, actuar en consecuencia, esto
es, quitar el cepo cambiario. Preocupa una acelerada fuga de capitales que
liquide las reservas, lo que sólo puede ser resuelto con medidas que
transmitan credibilidad. En este contexto, no puedo pensar más que en
dos alternativas. La dolarización o una nueva convertibilidad. En el primer
caso, la medida podría implementarse en cuestión de días y con bajo costo
relativo. Un cálculo de la base monetaria ampliada dividido por las reservas
declaradas y auditadas por el Banco Central de la República Argentina nos deja
con un dólar por cada 15 pesos. En este caso, el Banco Central de la República
Argentina debe cerrar sus puertas e invitar a todas las personas a que se
acerquen a los bancos a cambiar sus pesos a esta paridad.
Los contratos de aquí
en más deberán ser denominados en dólares, y se podría liberar al mercado, esto
es a la gente, a que elija monedas alternativas como el euro, el yuan, o
cualquier otra divisa para realizar sus contratos. Incluso se podría alentar una
banca off shore, para atraer nuevos bancos internacionales, reducir el riesgo
país y asegurar la atracción de inversiones. Además, los impuestos comenzarán a
pagarse en dólares, que sería la moneda de curso legal, y los salarios públicos,
incluyendo docentes y jubilados, también comenzarán a pagarse en esa moneda.
En el segundo caso, se podría implementar una
nueva convertibilidad a $ 15 por dólar, bajo condiciones similares a la Ley
23.928 pero me temo que se pueda repetir la experiencia de 2001. El costo de
salir de la convertibilidad siempre es menor que el de abandonar
la dolarización. En cualquier caso, ambas propuestas tendrán una consecuencia
lógica e inmediata en la estabilidad monetaria. Una medida u otra obligará
al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento del gasto que la
monetización del déficit fiscal. Quizás la deuda pública sea útil en la
transición al equilibrio fiscal, pero habría que implementar un plan económico
para alcanzar el equilibrio fiscal en menos de tres años.
Un presupuesto base
cero debería estar también en la agenda del gobierno, lo mismo que el abandono
de los subsidios y un sinceramiento de la economía, en especial en lo que
refiere a las tarifas de los servicios públicos y en los precios de bienes y
servicios hoy regulados. La viabilidad del plan requiere que estas medidas sean
inmediatas, puesto que una continua fuga de capitales y caída de reservas
sólo conducirán a consecuencias muy graves en lo económico y especialmente en lo
social.
Fuente: www.puntodevistaeconomico.
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