Viernes 28 de marzo de 2014 | Publicado en edición impresa
Por Jorge Oviedo | LA NACION
Un
sistema de precios adecuado es un esquema que favorece el uso racional,
estimula la inversión y la renovación de recursos e instalaciones .
Eso es lo que no ha tenido el kirchnerismo en sus once años de
políticas para los servicios públicos. No es extraño que los cuantiosos
presupuestos en subsidios ferroviarios que convivieron con tarifas
bajísimas hayan coincidido con los accidentes en Flores, Once y
Castelar. La sociedad hizo un esfuerzo fenomenal pagando impuestos o
resignando recursos que no estuvieron para otra cosa, y los resultados
son patéticos.
El sector energético ha tenido resultados igual de malos : pérdida del autoabastecimiento, importaciones crecientes y el regreso de los apagones.
La Presidenta dijo ayer por cadena nacional que en 2003 se establecieron subsidios porque los ciudadanos no podían pagar tarifas dolarizadas. En cambio, ahora pareciera que hay muchos que hasta pueden derrochar. Y puso como ejemplo a su hermana y a su madre, dos jubiladas, que aparentemente pueden disfrutar del aire acondicionado incluso en exceso.
Sin embargo, los subsidios se mantendrán para las industrias, que en el caso de las que exportan se han visto beneficiadas por la devaluación. Para los asalariados, la devaluación y la inflación son, en cambio, una reducción de salarios.
La Presidenta pareció transparentar el sentido propagandístico del esquema de ajuste: reducir el consumo o pagar más. Si no quieren dejar de derrochar, paguen un impuesto para financiar la asignación por hijo y otros planes sociales, parece decir.
El kirchnerismo es cualquier cosa menos original. En los 80, cuando el déficit de las empresas públicas estatales destruía la economía, se inventaron "cargos específicos" en las facturas y hasta en el precio de la nafta para financiar el sistema jubilatorio. Para que nadie dijera "tarifazo". Página 12, en aquellos años dirigido por Jorge Lanata, tituló sobre el impuesto a la nafta: "Ponga un jubilado en el tanque".
Cristina Kirchner ha repetido una vez más la frase de Juan Domingo Perón que dice que los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. No es lo que ella ha hecho con los enormes aportes en subsidios, que pasaron por manos de funcionarios que no han rendido debidas cuentas que más de una vez reclamó la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las tarifas en algunos casos ridículamente bajas para las personas han convivido con impuestos increíblemente altos, por no actualizar adecuadamente el mínimo no imponible de ganancias o las escalas del monotributo. ¿Se solucionará eso? Parece que no.
Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), sólo en enero pasado los llamados subsidios económicos totalizaron $ 6636 millones. Sólo la energía eléctrica se lleva alrededor de la mitad. Pero hasta ahora nada se ha dicho de ese sector. Pasarle gran parte de todos esos gastos a los que no tengan algún motivo de excepción significaría un tarifazo muy importante.
Julio De Vido ha dicho que el 80% de la factura lo paga "el Estado nacional", como si al sector público no lo financiaran los ciudadanos que, como dice Daniel Montamat, lo que no pagan en tarifas lo pagan en impuestos, en inflación o en devaluación. El Gobierno dice que ahora estimulará el ahorro, que en todo caso será privado, siempre y cuando no se trate de la industria, claro.
¿Qué hará el Gobierno para reducir sus propios excesos? Nada se ha dicho. O más bien, tácitamente pareciera afirmarse que no se hará nada. El propio anuncio, enrevesado y confuso, es una mala señal. Un esquema tarifario claro y eficiente parece lejano. Y también que haya menos déficit fiscal por gastar en lo que no es necesario. ¿Por qué el Gobierno seguirá subsidiando al fútbol y al automovilismo, por ejemplo, entre otras erogaciones poco razonables?
La Presidenta dijo ayer por cadena nacional que en 2003 se establecieron subsidios porque los ciudadanos no podían pagar tarifas dolarizadas. En cambio, ahora pareciera que hay muchos que hasta pueden derrochar. Y puso como ejemplo a su hermana y a su madre, dos jubiladas, que aparentemente pueden disfrutar del aire acondicionado incluso en exceso.
Sin embargo, los subsidios se mantendrán para las industrias, que en el caso de las que exportan se han visto beneficiadas por la devaluación. Para los asalariados, la devaluación y la inflación son, en cambio, una reducción de salarios.
La Presidenta pareció transparentar el sentido propagandístico del esquema de ajuste: reducir el consumo o pagar más. Si no quieren dejar de derrochar, paguen un impuesto para financiar la asignación por hijo y otros planes sociales, parece decir.
El kirchnerismo es cualquier cosa menos original. En los 80, cuando el déficit de las empresas públicas estatales destruía la economía, se inventaron "cargos específicos" en las facturas y hasta en el precio de la nafta para financiar el sistema jubilatorio. Para que nadie dijera "tarifazo". Página 12, en aquellos años dirigido por Jorge Lanata, tituló sobre el impuesto a la nafta: "Ponga un jubilado en el tanque".
Cristina Kirchner ha repetido una vez más la frase de Juan Domingo Perón que dice que los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. No es lo que ella ha hecho con los enormes aportes en subsidios, que pasaron por manos de funcionarios que no han rendido debidas cuentas que más de una vez reclamó la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las tarifas en algunos casos ridículamente bajas para las personas han convivido con impuestos increíblemente altos, por no actualizar adecuadamente el mínimo no imponible de ganancias o las escalas del monotributo. ¿Se solucionará eso? Parece que no.
Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), sólo en enero pasado los llamados subsidios económicos totalizaron $ 6636 millones. Sólo la energía eléctrica se lleva alrededor de la mitad. Pero hasta ahora nada se ha dicho de ese sector. Pasarle gran parte de todos esos gastos a los que no tengan algún motivo de excepción significaría un tarifazo muy importante.
Julio De Vido ha dicho que el 80% de la factura lo paga "el Estado nacional", como si al sector público no lo financiaran los ciudadanos que, como dice Daniel Montamat, lo que no pagan en tarifas lo pagan en impuestos, en inflación o en devaluación. El Gobierno dice que ahora estimulará el ahorro, que en todo caso será privado, siempre y cuando no se trate de la industria, claro.
¿Qué hará el Gobierno para reducir sus propios excesos? Nada se ha dicho. O más bien, tácitamente pareciera afirmarse que no se hará nada. El propio anuncio, enrevesado y confuso, es una mala señal. Un esquema tarifario claro y eficiente parece lejano. Y también que haya menos déficit fiscal por gastar en lo que no es necesario. ¿Por qué el Gobierno seguirá subsidiando al fútbol y al automovilismo, por ejemplo, entre otras erogaciones poco razonables?
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