febrero 21, 2015
Por Carlos Tórtora
El Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, es el autor intelectual de una tesis destinada a aplacar el huracán judicial que se está descargando sobre el gobierno nacional. Sostendría que, para distraer a la opinión pública del caso Nisman -y también del caso Báez- produciendo cierta distensión, sería imprescindible entregar una cabeza. O sea, que quede al borde del juicio oral una figura emblemática del kirchnerismo al cual la sociedad identifique con la corrupción: Amado Boudou. De este modo, el posicionamiento relativo de la presidente mejoraría en alguna medida al quedar en claro que ya se está haciendo justicia y que el gobierno aparentemente le soltó la mano a su vicepresidente.
Al menos dos hechos ocurridos en las últimas horas indican que la tesis de Zannini puede estar aplicándose. La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Boudou por el caso de la ex Ciccone Calcográfica. En su fallo, los camaristas dejaron firme tanto la acusación de cohecho pasivo (coimas), como la de negociaciones incompatibles con la función pública, por las que el vicepresidente se encuentra procesado. Esta instancia deja libre el camino para que el juez federal Ariel Lijo eleve el caso, al menos parcialmente, a juicio oral este año.
La resolución fue firmada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que decidieron rechazar el cúmulo de nulidades que presentaron las defensas. Eduardo Farah firmó en disidencia parcial. Los camaristas de la Sala I confirmaron, además, los procesamientos del socio y amigo de Boudou, José María Núñez Carmona; de Alejandro Vandenbroele (supuesto testaferro del vice); de Rafael Resnick Brenner (ex jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la Afip); de Nicolás Ciccone (dueño de la firma); y de Guido Forcieri (ex jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía). La Cámara decidió, en otro orden, favorecer y disponer la falta de mérito para el yerno de Ciccone, Guillermo Reinwick. Los camaristas confirmaron los embargos sobre los bienes de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele, Ciccone y Resnick Brenner por 200 mil pesos.
El otro hecho es que el empresario Alejandro Vandenbroele, presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, fue detenido hoy por la Policía Aeroportuaria (PSA) en la localidad mendocina de Chacras de Coria, un día después que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento en el “caso Ciccone” y que la Interpol cursara la orden de detención inmediata.
Pero hubo un tercer hecho que presagió los anteriores: el 11 de este mes, los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, cuyo estudio también patrocinaba a varios funcionarios kirchneristas, renunciaron a la defensa del segundo de Cristina Kirchner.
El abandono de la defensa del vicepresidente se debió a “cuestiones personales”, consignaron fuentes de dicho estudio. Tanto Richarte como Pirota son hoy los abogados emblemáticos del poder político y actúan según los deseos de la Casa Rosada. Su participación como defensores de un funcionario es leída como un manto de protección del poder. A Boudou le retiraron este manto probablemente para que muestre una nueva defensa menos representativa del tráfico de influencias de la Casa Rosada.
La obediencia debida
Para la presidente, que el caso Ciccone vuelva al centro del escenario le otorga un importante beneficio inmediato. Ella no está en juego y ni siquiera aparece sospechada. Las órdenes para la operación de compra de la ex Ciccone (hoy Compañía de Valores Sudamericana) las dio un muerto, Néstor Kirchner, y no aparece participación alguna de Cristina en el tema, aunque sería demasiado benevolente suponer que ella ignoraba una cuestión de esa magnitud.
Así como el caso Nisman es un misil que apunta al corazón presidencial, el caso Ciccone a ella apenas la salpica.
Todo parece encaminarse ahora a que, a la brevedad, Boudou quedaría expuesto a que se requiera la elevación de la causa Ciccone a juicio oral. Pero, dados los tiempos procesales y los recursos dilatorios que pueden interponerse, es impensable pensar que el juicio se celebre este año. La Ley 25.320 (ley de fueros) establece en su artículo 1° que “en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello, el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida”.
Ahora bien, si por caso el juez Ariel Lijo le solicitara a la Cámara de Diputados de la Nación que inicie el pedido de juicio político de Boudou, el escándalo institucional sería enorme y hasta podría opacar el caso que más descoloca a la presidente: la muerte sospechosa de Alberto Nisman y la imputación que le hace el fiscal Gerardo Pollicita en base a la denuncia que aquél había preparado.
Como el oficialismo mantiene una mayoría consistente en Diputados, el pedido de juicio político a Boudou sería rechazado en la comisión respectiva, por lo cual la situación de éste no cambiaría demasiado.
En cuanto a lo que ocurra después del 10 de diciembre del 2015, Boudou ya sería consciente de que su futuro procesal depende de que su jefa consiga negociar con el futuro poder político un paquete de impunidad que de algún modo también lo incluya. Su única salida sería entonces obedecer la voluntad presidencial y aceptar pasar otra vez al primer plano ante las cámaras con tal de que Nisman baje algo en el rating. El gobierno, de este modo, está jugando con fuego. Pero tal vez no le quede otra alternativa.
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