jueves, 19 de febrero de 2015

El 18 F: ¿hecho aislado o el principio del fin?





febrero 19, 2015

Por Carlos Tórtora


El éxito de la masiva movilización de ayer proyecta diversas consecuencias sobre el escenario electoral y la transición del poder.

Lo habitual es que en los años electorales las grandes protestas sociales y sindicales disminuyan en intensidad, porque las tensiones se canalizan a través de la lucha política. El caso Nisman constituye una excepción. La opinión pública antikirchnerista se muestra mucho más interesada en el reclamo de justicia y en el esclarecimiento de la muerte del fiscal que en la batalla electoral e incluso en los candidatos presidenciales. Es probable que este fenómeno vaya unido a la percepción, que empezó a vislumbrarse en el 2013, de que es el Poder Judicial el único enemigo interno del kirchnerismo con capacidad de herirlo mortalmente.

Todo indica que el gobierno, a través de la operatividad de la incansable Procuradora General Alejandra Gils Carbó, continuará tratando de manipular la investigación de la muerte de Nisman mientras al mismo tiempo procura neutralizar la imputación que el fiscal Gerardo Pollicita le realizara a la presidente en relación al encubrimiento de los autores del atentado a la AMIA. De ser así, no sólo podría haber nuevos 18 F sino que, inevitablemente, la campaña electoral giraría en torno al enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia y la investigación de la corrupción oficial.

Éste sería un escenario no deseado por la casi totalidad de los precandidatos presidenciales, empezando por Sergio Massa y Mauricio Macri y siguiendo por Hermes Binner y Julio Cobos. Todos ellos consideran, de un modo u otro, que el cristinismo está condenado a la derrota electoral en octubre y que, por lo tanto, no es necesario emprender campañas electorales agresivas y de altos costos políticos, como sería el ataque sistemático a la corrupción oficial. Si lo hicieran, todos en alguna medida quedarían expuestos a los feroces contraataques del gobierno, capaces de dejar a más de uno fuera de combate. Es así que los discursos de Massa y Macri tienden, entre líneas, un puente de plata para que CFK llegue a diciembre en condiciones de gobernabilidad aceptables. Una gran crisis previa, con violencia social y política incluida, podría tener consecuencias imprevisibles.

Pero la presidente y su entorno no dejan de percibir que se están cocinando a fuego lento y que su salida del poder los expondrá a la vindicta de un Poder Judicial que busca reivindicarse luego de una década de hacer la vista gorda.

Tal vez sin salida


El temor al efecto Nisman y a una campaña electoral centrada en la corrupción y las denuncias se extiende también a la mayor parte del establishment económico y a la cúpula de la Iglesia local, que sigue las directivas del Vaticano. Para estos factores de poder, acosar ahora al cristinismo puede precipitar una crisis difícil de controlar. La cautela de la Iglesia y del Sumo Pontífice en el caso Nisman es toda una demostración de que la idea es minimizar los conflictos. De este modo, se van conformando dos tendencias de signo contrario: por un lado, un sector de la justicia y de los medios de comunicación, junto al antikirchnerismo más acérrimo, tratan de instalar las condiciones para un mani pulite y hegemonizan la agenda pública con el reclamo inmediato de justicia en los casos claves: Nisman, Ciccone, Báez, etc. Por el otro lado, los candidatos presidenciales de la oposición, buena parte del empresariado y la Iglesia, reman para postergar la crisis para más adelante. Esto incluye, obviamente, la enorme distorsión de las variables económicas. En esta estrategia, lo que se privilegia es que haya una transición controlable y lo menos violenta posible.

La clave de cómo evolucionará este proceso está en buena medida en el rumbo que adopte CFK. La presidente sabe que, ya sea a fuego lento o a través de una crisis, está en juego su libertad y la de su entorno, junto con la posibilidad de que la justicia se abalance sobre la inmensa fortuna acumulada a través de una década y cuya justificación legal es imposible. La búsqueda de impunidad está pasando a ser así la necesidad vital del cristinismo. Su mayor expectativa es mantener enclaves de poder lo suficientemente gravitantes como para negociar con el futuro gobierno que se investigue poco y nada el pasado. Este esquema se basa en conservar bloques importantes de diputados y senadores, transferirle a Alejandra Gils Carbó y los fiscales K la suma del poder dentro de la justicia, conservar un multimedios propio importante y mantener su red de aparatos políticos con capacidad de movilización (Movimiento Evita, Kolina, La Cámpora, etc.). A esto se le suma la alta probabilidad de que el próximo gobierno nazca jaqueado por la crisis que se viene dilatando, lo que haría que su capacidad de neutralizar al cristinismo fuera ínfima, necesitándolo como aliado para mantener la gobernabilidad. 

De algún modo, la estrategia K de patear desde el conflicto con los holdouts hasta las políticas de subsidios hasta el próximo gobierno significa plantar una bomba de tiempo difícil de desactivar. En última instancia, para garantizar su impunidad, el kirchnerismo apunta a llevarse puesto al próximo gobierno. El mayor obstáculo para este plan es lo que expresa el 18 F: la posibilidad de que se forme en la justicia un núcleo duro que investigue la corrupción oficial contando con un enorme consenso social. De consolidarse esto, quienquiera que sea el futuro presidente, no podrá hacer otra cosa que respaldar que la justicia investigue. Entonces el escudo de protección montado en el último año por el cristinismo podría ser perforado. Este riesgo es el que ayer habrían visto en Olivos. La visión de un callejón sin salida que puede llevar al elenco gobernante a intentar maniobras desesperadas.

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