febrero 28, 2015
Por Guillermo Cherashny
Hace unos días, la fiscal Sabrina Namer, una de las nuevas integrantes de la Unidad Fiscal Amia, dijo que se iba a investigar la pista siria que fuera descartada desde el inicio de la investigación. Aunque en realidad ya fue investigado en los ‘90 un personaje de origen sirio-libanés llamado Kanore Edul, que tenia cierto parentesco con Munir Menem y Alito Feli, el entonces médico presidencial. Se trata de la pista incoada fundamentalmente por periodistas progresistas y antimenemistas que tenía por fin involucrar al presidente Menem en el sangriento atentado a la AMIA. Pero este enfoque fue descartado y se siguió la misma pista que impuso el entonces juez Juan José Galeano, que inculpaba al Hezbolah libanés y a la República Islámica de Irán a través de una decisión de Estado tomada por su presidente Ali Bahramie Rafsanjani y varios de sus ministros y jefes de la guardia revolucionara iraní.
Esta imputación continuó durante los años siguientes y el fiscal Alberto Nisman en el 2006 pidió la captura internacional de los imputados, que firmó el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien pidió las circulares rojas de Interpol para que pudieran ser detenidos en cualquier país fuera de Irán.
Volviendo al presente, el fiscal Alberto Nisman decidió imputar a la presidente y a Héctor Timerman y, luego de su muerte, el fiscal Gerardo Pollicita la ratificó y, como sabemos, finalmente el juez Rafecas la desestimó. Este fallo es clave para que la fiscal Namer hurgue nuevamente en la pista siria porque, si lo hacía antes del fallo de Rafecas, podía ser incluida en la denuncia de Pollicita como otra encubridora más. En cambio ahora podría explorar esa hipótesis pero con el cuidado de que las apelaciones de Pollicita y Germán Moldes logren que la Cámara Federal disponga la reapertura del caso, por lo cual Namer y el coordinador Juan Patricio Murray deben andar con cuidado hasta que el fallo de Rafecas quede firme.
La intención del cristinismo, expresada por los flamantes integrantes de la UFI Amia, es acusar al régimen sirio por entonces gobernado por el dictador Hafez el Asad, ya fallecido, que fue sucedido por su hijo Bashar el Asad. Siria sufre una guerra civil que ya lleva cerca de 200.000 muertos y su gobierno pende de un hilo sólo sostenido por Estados Unidos, Rusia, Israel e Irán, que temen que el Estado Islámico se quede con ese país clave del Medio Oriente.
Tirarle los 86 muertos de la AMIA a ese gobierno endeble y dividido es un gran salvavidas para el cristinismo porque Hafez el Asad está muerto. Y tirarle muertos a un muerto es totalmente gratuito. De esta manera se podría reflotar el Memorándum con Irán y liberar a los imputados sin el temor de una acusación por encubrimiento. Pero queda tiempo y si el gobierno sigue estos pasos obtendría un repudio internacional que no se sabe si el cristinismo está dispuesto a pagar. Pero que lo intentará no queda duda alguna.
Por su parte, Rafecas en el Consejo de la Magistratura cuenta con denuncias por su actuación en el caso Ciccone y en la investigación por el pago de sobornos durante el gobierno de Fernando De la Rúa. El gobierno tiene siete votos en el Consejo y, aunque para destituirlo necesitaría nueve, contaría con el apoyo del radicalismo, que lo tiene en la mira desde hace años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario