El horror en el país feliz de Cristina

15/02/15

TRAMA POLÍTICA

El misterio sobre la muerte del fiscal Nisman amenaza con convertirse en escándalo. La Presidenta enfrenta una seria imputación judicial en un final de ciclo que se degrada rápido.

Por Eduardo Van der Kooy

Cristina Fernández ha extraviado un arma vital. Con la cual supo defenderse muy bien en los últimos años. Espantó con ella a opositores, persuadió a un macizo sector social, persiguió a cualquiera que se atrevió a cuestionarla. Aquel arma fue su capacidad para acomodar los hechos a sus palabras. Esa aptitud venía en baja pero la tenebrosa muerte de Alberto Nisman pareciera haberla fulminado. La Presidenta se esforzó de nuevo por ocultar la tragedia al polemizar con los industriales que objetaron sus acuerdos con China. También, al retomar la confrontación con los fondos buitre y hacer flamear el envejecido dilema de Braden o Perón. Coronó su obsceno espectáculo con una condena a los fiscales y jueces dispuestos a marchar. Les endilgó el silencio y los culpó por odios y agravios. Hasta improvisó un festivo bailecito aferrada al balcón de uno de los patios interiores de la Casa Rosada para acompañar a fantasmales militantes. Nada de eso sirvió para evitar que aquella muerte del fiscal multiplique su onda expansiva y amenace transformarse en un escándalo. De hecho, la Presidenta y Héctor Timerman fueron imputados por el fiscal Gerardo Pollicita por la denuncia sobre presunto encubrimiento terrorista que había hecho Nisman antes de morir.

A casi un mes del episodio, la muerte de Nisman está rodeada únicamente por enigmas. No sería justo dudar del esfuerzo de la fiscal Viviana Fein. Pero hasta la ex esposa de la víctima, la jueza Sandra Arroyo Salgado posee la misma percepción. De allí su intención de solicitar un veedor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La investigación ha tenido un montón de decisiones y pericias. Aunque ningún progreso. Ahora, como pretendía el kirchnerismo, se coloca el foco sobre la declaración del espía cesanteado de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiuso. Conocido contacto de Nisman y hombre que le ayudó a elaborar el informe sobre el atentado en la AMIA, que dejó 85 muertos y que terminó inculpando a ocho jerarcas iraníes. Pero el tiempo pasa, los interrogantes aumentan y empiezan a filtrarse anomalías que habrían sucedido en el apartamento de Puerto Madero donde apareció sin vida el fiscal.

Después de las pruebas realizadas por el Cuerpo Forense, la fiscal Fein sostuvo que Nisman podría haberse suicidado. Sin embargo, un altísimo miembro del Poder Judicial recibió los últimos días un informe reservado de aquella dependencia que especifica que, de acuerdo con el recorrido que tuvo la bala, la teoría del suicidio debería ser descartada. La explicación se apoyaría en otros fundamentos. Entre ellos, la imposibilidad de que haya quedado un mínimo rastro de pólvora en la mano de Nisman. La segunda pericia de barrido electrónico también, como la primera, dio resultado negativo.

Fuera del ámbito específico de la investigación, la criminalista Cristina Vázquez --primera perito mujer-- aportó esta semana estadísticas interesantes. La especialista sostiene que casi en el 100% de los casos de los suicidios la víctima apoya el arma sobre la piel para concretarlos. Fein informó que Nisman se habría disparado, más o menos, a un centímetro de distancia. Y en una postura incómoda. Vázquez brindó otros detalles. Que el 68% de los suicidas lo hacen con un disparo en la sien. El resto de los casos, se distribuirían apoyando el arma debajo de la mandíbula o dentro de la boca, tocando el paladar. De esa forma, con una escopeta, terminó con su vida el empresario Alfredo Yabrán.

Las mayores dudas estarían circundando ahora la escena de la tragedia. Qué pudo haber pasado en esas prolongadas horas en que los custodios del fiscal muerto estuvieron incomunicados con él. Dos de ellos fueron separados por contradicciones acerca de lo que hicieron hasta que, junto con la madre de Nisman, resolvieron ingresar al departamento. Habría testimonio de al menos dos vecinos del edificio Le Parc que recuerdan haber escuchado muchas voces y desorden, en aquel lapso, en las escaleras que comunican la planta baja con el piso 13 donde habitaba el fiscal.

Existiría, mas allá de todo eso, la constancia de otra irregularidad sospechosa en las horas del desenlace. Una vez que custodios, prefectos, médicos, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, y Sara Garfunkel, la madre del fiscal, comprobaron lo que había ocurrido en el departamento las autoridades buscaron un testigo público ocasional. Así lo estipula la ley en cualquier procedimiento. El destino tocó a una empleada gastronómica de la zona que fue conducida hasta el departamento. Allí permaneció no más de un minuto. Pero el acta fue firmada casi dos días después. En ese momento recibió también la constancia para justificar la ausencia a su trabajo, con la firma del subprefecto Sergio Esquivel. No se trata de un procedimiento habitual. La trabajadora habría firmado aquel acta casi sin leerla, atemorizada por el momento.

Podrían sumarse más interrogantes a los innumerables que siembra la muerte misteriosa. Recién en la cuarta semana de ocurrida la tragedia, la jueza Fabiana Palmaghini anunció que se halló un ADN diferente al del fiscal. En un pocillo de café. Diego Lagomarsino, el hombre que le prestó el arma a Nisman, contó en su momento que cuando lo visitó por última vez se preparó un café. El cotejo de esa prueba está demorado. Pero las preguntas surgen desde la plataforma del sentido común. ¿Cómo no pudo hallarse, salvo aquel, ningún otro rastro de ADN en un departamento donde el fiscal solía recibir gente? ¿Cómo ni siquiera apareció alguno de la empleada doméstica que concurría dos veces por semana? Extrañísimo. Salvo que la escena haya sido preparada y limpiada antes del ingreso de la madre del fiscal y de todos sus acompañantes. Estremecedor.

El Gobierno no colabora nada para intentar aclarar el cuadro. Berni decretó de inmediato el suicidio. La ministro María Cecilia Rodríguez defendió a los custodios policiales y sostuvo que nunca descuidaron la seguridad del fiscal. Alejandra Gils Carbó estaría mas preocupada por la rebelión de fiscales y jueces, que marcharán el miércoles en memoria de Nisman, que por aclarar el crimen. A la procuradora general, es cierto, también la shockeó la imputación del fiscal Pollicita contra Cristina y Héctor Timerman por supuesto encubrimiento por el atentado en la AMIA y el pacto con Irán. Aquel funcionario fue presionado de mil formas pero no retrocedió: supone que hay motivos para indagar en la denuncia.

Aquella preocupación de Gils Carbó se multiplica en la Presidenta. Se arrima a los Tribunales aún antes de ceder el poder. ¿Qué podrá ocurrir después? El Gobierno tiembla además cuando la gente que no es suya gana la calle. Antes poseía una capacidad de respuesta sistémica de la cual ya carece. Por ejemplo, al estallar el conflicto con el campo. Aunque se desconcertó en sus albores, cuando una multitud repudió espontáneamente el crimen del hijo de Juan Carlos Blumberg. Quedó pagando también con los cacerolazos del 2012. Algunos gobernadores pejostistas se empiezan a animar a críticas públicas --el sanjuanino José Luis Gioja-- y las grietas se advierten hasta en territorio de los presidenciables K que se sienten intocables. El vice del Banco Provincia, José Pampuro, salió a respaldar la marcha de fiscales y jueces. El sciolismo lo cruzó.

Gils Carbó profundizó su guerra en el Ministerio Público. Muchos jueces fueron advertidos. Los militantes de Justicia Legítima, de indentidad K, se ocuparon de descalificar a sus colegas. Con las palabras y con algunas malas artes. Guillermo Marijuan se vio envuelto en un presunto escándalo intrafamiliar que los medios oficiales se ocuparon de propagar. La gravedad del episodio fue doble. Por la falsedad y por la usina que la habría fogoneado. Hay huellas que conducirían hasta oficinas del juez Sebastián Casanello, el mismo que citó a declarar a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero luego de una intimación de la Cámara Federal.

El Gobierno parece sumido en un proceso de caída libre. Esa caída, en la que no existe red de contención, acelera la descomposición de su poder. En la descomposición se descubren las peores cosas. Nadie duda que sus tramas con el espionaje lo ha dejado comprometido con aquel robo que sufrió Sergio Massa en el 2013, antes de las legislativas en las cuales ganó. Tampoco existiría duda de que sus mejores políticas sirvieron para convalidar aberraciones. Cristina se empalaga con su defensa de los derechos humanos. Pero ese escudo sirvió para que por años un violador formara parte del elenco gubernamental. La Secretaria de Derechos Humanos dijo desconocer los antecedentes de Alberto García Muñoz, despedido la semana pasada.

El ex funcionario fue recibido como prócer cuando regresó de España, por ser uno de los tres detenidos que logró fugarse del centro clandestino Mansión Seré. Viajó al exterior. Pero en España debió purgar una condena de diez años de prisión por agredir y violar a su pareja. Su historia tenía otro prólogo. García Muñoz participó junto a oficiales de la Aeronáutica de operativos de detención de personas supuestamente peligrosas. Las marcaba y las identificaba. Así figura en los testimonios del juicio a las Juntas Militares, que dispuso Raúl Alfonsín.

Horrores que siempre salen a la luz cuando llega el ocaso irremediable.

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