febrero 26, 2015
Por Guillermo Cherashny
A la presidente no le faltan ganas de hacer algo parecido a lo que empezó Nicolás Maduro con la detención del alcalde de Caracas Antonio Ledezma. Pero las diferencias entre ambos regímenes son obvias. En Venezuela gobiernan las fuerzas armadas y la justicia está férreamente sometida al Ejecutivo. En la Argentina, el poder político del kirchnerismo no le alcanza para utilizar a su capricho la fuerza militar y la justicia se está rebelando. Esto si bien hay que tener en cuenta que el jefe del Ejército, Teniente General César Milani, puede intentar que su fuerza participe de un autogolpe pero es dudoso que pueda sacar los tanques a la calle para amedrentar a la población, porque ningún militar quiere que en el futuro lo acusen de practicar una injustificable obediencia debida.
El gobierno y sus medios de comunicación vienen denunciando un golpe blando o maniobra destituyente del partido judicial y las corporaciones económicas y mediáticas. Claro está que es muy difícil que ese supuesto golpe encaje en los casos de conmoción interior o exterior que la Constitución exige en su artículo 23 para que se suspendan las garantías constitucionales y que el Poder Ejecutivo pueda detener personas o que éstas opten por irse del país.
La historia habla
Los rumores más extremos señalan que la presidente podría decretar el estado de sitio para detener al juez Claudio Bonadío en caso de que éste cite a prestar declaración indagatoria a Máximo Kirchner. Hay un antecedente histórico: en 1893 el entonces presidente Luis Sáenz Peña, ante las revoluciones armadas de la Unión Cívica Radical, decretó el estado de sitio y detuvo al senador Leandro N. Alem, quien fue liberado al poco tiempo.
Es sabido que la Revolución del Parque obligó a renunciar al presidente Miguel Juárez Celman, que fue sucedido por Carlos Pellegrini hasta que en 1892, apoyado por Julio Roca, asumió Luis Sáenz Peña y hubo otro movimiento militar encabezado por el senador Alem, que fue sofocado. Luego se ordenó la detención del senador radical pero fue liberado por la justicia, como dijimos antes. Claramente es improbable que la presidente ordene detener a un juez federal porque otro juez lo liberaría en horas. Sí es posible que el Ejecutivo denuncie a los jueces, empresarios y dueños de medios con sus periodistas aplicando la ley antiterrorista.
Pero es seguro que semejante denuncia, anunciada con bombos y platillos, termine durmiendo en los cajones de los justos y no pasará nada más que eso. Hay pocas probabilidades entonces de que la presidente tire del mantel y rompa con la Constitución Nacional porque necesita para ello a los militares y Milani, aunque está jugado porque iría preso el 11 de diciembre, sabe que los mandos no incurrirían en el exceso de obediencia debida aceptando una orden ilegal.
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