La reacción del gobierno nacional frente a la marcha del 18F fue la esperada, pero todavía peor.
No se trató solamente de los habituales voceros oficiosos que, al
estilo de Luis D´Elía, dicen lo que las máximas autoridades piensan pero creen
imprudente declarar. Esta vez, fue la propia presidente la que arremetió sin
medidas tintas contra quienes asistieron a la marcha.
En un extenso texto publicado en su cuenta de la red social Facebook,
la señora de Kirchner sostuvo que la multitudinaria manifestación había sido
"el bautismo de fuego del Partido Judicial". Retomó también el
argumento ya usado por algunos de sus acólitos, según el cual sería insólito
que los fiscales pidieran justicia, cuando su función es procurar lograrla.
Por supuesto, tales comentarios son falaces. Los fiscales no
convocaron a la marcha con el propósito de reclamar justicia, sino con el de
honrar a un colega muerto en el cumplimiento de su deber. Otros ciudadanos sí
formularon ese reclamo, legítimamente.
En cuanto al supuesto Partido Judicial, es una patraña de la más
baja estofa. Es precisamente el kirchnerismo el que politizó a la justicia. No
solo con esa absurda idea de que todo es político, sino en términos más
concretos organizando una suerte de partido K dentro de la justicia argentina,
llamada "Justicia Legítima".
Nada tiene que ver una marcha de ciudadanos de las más diversas
extracciones, convocada en torno a un suceso trágico que enluta al país, con un
Partido Judicial. Justamente ese reclamo generalizado de justicia exige, entre
otras cosas, que el gobierno desactive esa subordinación sectaria de los
magistrados.
Otro disparate es la consigna con la que el gobierno está
convocando a sus partidarios a una manifestación el 1° de marzo: "La
democracia no se imputa". La frase es tremendamente reveladora:
indica que Cristina Kirchner se cree la encarnación misma de la
democracia.
Claro que la democracia no se imputa penalmente. Lo que se imputan
son personas, como ella lo es.
El concepto es preconstitucional y remite al viejo aforismo de la
monarquía británica: "The king can do no wrong" (el rey no puede
equivocarse). En el Estado de Derecho, en cambio, el Estado y los funcionarios
que lo integran se subordinan como cualquier persona al derecho.
¿Qué pretenden? ¿Estar al margen de la ley?
La presente nota del Dr. Jorge R. Enríquez, es publicada en La Misère Porc, por gentileza de su autor.
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