22/03/15 - 01:41
Trama política
Nisman es la pesadilla del Gobierno. Su muerte no sale de la oscuridad. Pero su denuncia por encubrimiento terrorista suma avales. Los K insisten en buscar una tregua con la Justicia.
Aunque todos los actores lo desmientan, persiste un intento de negociación entre el Gobierno y el Poder Judicial. La nómina de mediadores no sería integrada sólo por funcionarios políticos, fiscales y jueces K. Habría amigos de algún presidenciable kirchnerista tratando de establecer cierta tregua. No se podría hablar, por las condiciones de hostilidad imperante entre los bandos, de ninguna paz prolongada. Esa sería la razón que habría impulsado a Cristina Fernández a preparar su próxima candidatura. No debe quedar a la intemperie si la oposición llega a conquistar el poder en octubre.
Los frentes de conflicto se van abriendo como un abanico. El Gobierno fracasó en su ensayo de recusar a Germán Moldes. El fiscal opinó ante la Sala I de la Cámara Federal que la denuncia sobre presunto encubrimiento terrorista por la AMIA y el pacto con Irán, que afecta a la Presidenta y a Héctor Timerman, no tendría que archivarse. Fue duro con el juez Daniel Rafecas que, sin considerar ni una de las 46 pruebas solicitadas por Gerardo Pollicita, quiso enterrar la acusación de Alberto Nisman. Es decir, Cristina y el canciller seguirían como imputados en la causa.
La Cámara Federal tiene entre manos una decisión que arde. Observa por un lado los argumentos con sentido común que esgrimieron los fiscales Moldes y Pollicita para que se abra la investigación. No desconoce, por otra parte, que la desestimación de Rafecas respondió a una necesidad política perentoria de la Presidenta de quedar liberada de sospecha. Pero hay además un contexto diferente al que existía cuando a mediados de enero Nisman formalizó su denuncia.
Por entonces, no se conocía la cantidad de detalles sobre la diplomacia paralela entre la Argentina e Irán que trascendieron de las escuchas telefónicas. Quizás puedan encerrar un relativo o nulo valor jurídico para probar la responsabilidad presidencial por la firma del Memorándum de Entendimiento. Pero revelan, sin dudas, una trama oculta que sería prudente indagar. Aquellos personeros llegaron a mencionar supuesto tráfico de dinero y hasta imprecisas matanzas iraníes en nuestro país.
El caso escaló también en el plano internacional. En el Senado de Estados Unidos se escuchó un informe sobre el fiscal muerto promovido por legisladores republicanos cuyo punto de partida fue la crisis en Venezuela. A ambas cosas se las entrelaza con la penetración de Irán en América Latina. Aquel trabajo subrayó que Venezuela habría sido un jugador clave en los esfuerzos iraníes para restablecer los lazos nucleares con la Argentina. Que tal relación resultaba primordial para Teherán.
También se relató que la Argentina y Venezuela habrían desarrollado un mecanismo elaborado y opaco para la transferencia de millones de dólares de los fondos entre las dos naciones sin supervisión o rendición de cuentas. Ese punto pareció ligado con la denuncia de la revista brasileña Veja, que habló de aportes de dinero iraní para la campaña de Cristina. La publicación reveló el escándalo de las coimas en Petrobras dos días antes de la segunda vuelta entre Dilma Rousseff y Aecio Neves. La mandataria amenazó con una querella judicial que nunca concretó porque se trataba de una ruinosa verdad. Ahora mismo está pagando sus consecuencias.
La exposición en el Senado estadounidense concluyó con un diagnóstico: “Independientemente de si los gobiernos argentino o iraní hubieran tenido un papel directo en el asesinato sin resolver de Nisman, los tres países juntos han creado claramente un clima en el que pudo ser asesinado con impunidad”.
Hace rato que la Presidenta abandonó su relación con Washington. Le ha dado últimamente a su mensaje público un tono bien antiimperialista. Timerman pasó la semana pasada por la OEA y denunció a EE.UU. como principal país consumidor de drogas. Fue en respuesta a un crítico informe del Departamento de Estado sobre la irrupción del narcotráfico aquí. También hizo una encendida defensa del gobierno de Venezuela, castigado sin timming por Barack Obama.
¿Podría haber asistido Cristina, con ese panorama, a la recordación del atentado en la Embajada de Israel? Los funcionarios que envió no la pasaron bien. La Presidenta cree que la CIA y la Mossad estuvieron detrás de la denuncia de Nisman y, tal vez, de su trágico final. Como legisladora no faltó a casi ninguno de esos actos. Incluso asistió en 2007, como primera dama, en representación de Néstor Kirchner, antes de ganar por primera vez la elección presidencial.
Nisman ha quedado como una víctima aquí y en el mundo. El Gobierno parece no comprenderlo porque suele transitar sólo el submundo de la política. Allí las cosas nunca tendrían la claridad del mensaje que emanó de la tragedia: murió misteriosamente el fiscal que acusó a la Presidenta. Así de simple. Sucede algo similar cuando caen fulminados opositores o periodistas en la Rusia de Vladimir Putin. El kirchnerismo no detiene su impulso de enfangar con cualquier recurso obsceno la figura del fiscal muerto. Y va consiguiendo un efecto opuesto al buscado. De hecho, la denuncia por presunto encubrimiento descalificada desde el poder obtuvo el aval de otros dos fiscales.
Para la Cámara Federal que debe decidir sobre la imputación contra Cristina y Timerman, ningún fallo resultará indiferente. Ni en la Argentina ni, por lo que se ve, en el exterior. De allí el zarandeo de Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Los dos primeros tendrían posición tomada. Freiler en contra de la apelación de Pollicita y Farah a favor. La clave sería Ballestero. Ese juez habría sido frecuentado en los últimos días por un empresario hotelero, cercano a un presidenciable kirchnerista de Buenos Aires. También participó de una amena comida con jueces y fiscales –varios de ellos enfrentados con el Gobierno– que escucharon la exposición de un especialista sobre el fallo de Rafecas. Esa exposición habría sido lapidaria. Hubo un debate entre los presentes pero Ballestero, con criterio, no abrió su boca.
Cristina tiene otra cuestión que la desvela. Se trata de la investigación de Claudio Bonadio por Hotesur, la empresa que administra la cadena hotelera propiedad de la familia presidencial. En la nómina de posibles indagados figura Máximo, su hijo. Bonadio parece por ahora inabordable. Hubo una gestión fallida del juez Rodolfo Canicoba Corral. E intentos de aproximación de Juan Martín Mena, el segundo de Oscar Parrilli en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y de José María Olasagasti, el poderoso secretario de Julio De Vido.
El Gobierno guardaría en su mazo de recursos un as de espada para tentar la tregua de última instancia con la Justicia. Tratará de adelantar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Pero lo aplicaría de manera restringida. Empezando sólo en algunos distritos de la Capital. La reglamentación no prevé por ahora modificar la labor de los jueces federales. Quedaría en paréntesis la cesión de facultades a los fiscales para realizar investigaciones.
Ninguna de esas maniobras, sin embargo, garantiza nada a la Presidenta. De allí la determinación de su candidatura –a diputada o senadora– por la provincia de Buenos Aires. Podría cosechar el mejor caudal de votos y envolverse con los fueros. Cristina, de hecho, está a pleno al frente de la campaña. De la suya y de los demás. Ha decidido ampliar su equipo, aunque continúe siendo diminuto. Están Carlos Zannini y Máximo, como siempre. Pero se agregaron Eduardo De Pedro, que absorbe dos cargos oficiales, y el diputado Andrés Larroque. Toda una señal: mucho camporismo y ausencia peronista. El pejotismo parece en estado de alerta. Aunque también anómico por su larga inactividad.
Cristina interviene en el armado de las listas. Nacionales y provinciales. Acentuó su intransigencia luego del traspié que La Cámpora sufrió en Mendoza con el gobernador Francisco Pérez al quedar afuera de las candidaturas. Otros que quisieron imitarlo habrían tropezado. El senador Miguel Pichetto, jefe del bloque K, tuvo un áspero encuentro con Larroque. Pero en la pulseada salió ganando el camporista: ocupó nueve de once lugares disponibles en Río Negro. La postulación de Pichetto para gobernador entró en crisis porque el PJ provincial reniega de ese pacto forzado.
La candidatura vendrá acompañada en los hechos con una mayor radicalización de Cristina. Se advierte en su política exterior. Se torna ostensible en la economía. Se descubre además en el diseño electoral que pergeña. Sus invocaciones a la conciliación y el amor en alguna de sus cadenas nacionales serían meras distracciones. Estaría convencida de que aquella radicalización consolidaría su clientela y condicionaría la estrategia de la oposición.
El desafío descansaría ahora en esa vereda política. Allí asoma envalentonado Mauricio Macri por su inicial acuerdo con el radicalismo. Allí mismo se aguarda de qué modo Sergio Massa reorientará el rumbo. Está por debutar como presidenciable, además, Margarita Stolbizer. De todos ellos podría depender que Cristina no imponga su plan de empujar a la sociedad hacia los extremos. De reponer en la escena la vieja y perversa antinomia argentina. Peronismo-antiperonismo. Es su forma de entender el presente y el futuro, anclada invariablemente en el pasado.
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