marzo 21, 2015
Por Carlos Tórtora
El fiscal general de la Cámara Federal, Germán Moldes, reavivó el caso Nisman al pedirle a la Sala I de la Cámara de Apelaciones que ordene proseguir la investigación iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento de la causa AMIA, en la que se imputa a la presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman.
En el escrito, Moldes consideró que el cierre de la investigación ordenado por el juez federal Daniel Rafecas era “apresurado” y que por lo menos había que realizar algunas “pruebas”. “Es necesario investigar, poner en movimiento el proceso y desentrañar el acontecimiento que ha llegado a nuestro conocimiento. Lo contrario importa la renuncia consciente a la verdad y como tal, al principio de justicia”, sostuvo Moldes en la presentación. Luego de la desestimación de la denuncia por Rafecas, el fiscal federal Gerardo Pollicita había imputado a los acusados para iniciar una investigación y apeló ante Moldes aquella sentencia para que la causa sea reabierta y se hagan las medidas de prueba que había solicitado.
Al mantener la apelación para que se reabra la denuncia de Nisman contra la Presidenta, la Sala I, integrada por los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, debe resolver si le da curso al pedido o si mantiene el fallo de Rafecas.
Nadie en Comodoro Py cree factible que ellos vayan a pronunciarse antes de un mes y sí, en cambio, existe la convicción de que habrá una fuerte especulación acerca de cómo evoluciona el oficialismo en las encuestas electorales, ya que un eventual derrumbe del Frente para la Victoria implicaría con seguridad un fallo unánime revocando el de Rafecas y ordenando que la causa se abra a prueba.
Asunto de Estado
Para el gobierno, el tema es un asunto de Estado de la mayor gravedad, ya que si CFK quedara imputada, las repercusiones internacionales y el deterioro del poder presidencial serían graves. Hasta ayer, los operadores oficiales transmitían cierto optimismo en el sentido de que Ballestero y Freiler darían señales de tranquilidad en el sentido de que confirmarían lo resuelto por Rafecas, aun cuando el tercero en discordia, Eduardo Farah, esté a favor de Pollicita y Moldes.
Sin embargo, ninguna tranquilidad sería suficiente para el gobierno, que habría puesto en marcha un operativo destinado a presionar de distintos modos a los dos camaristas más vulnerables: Ballestero y Freiler. El carpetazo que se cierne sobre la cabeza del primero, en caso de no confirmar lo actuado por Rafecas, gira en torno a la supuesta magnitud de su fortuna personal y sobre todo de sus propiedades.
Los sabuesos de la Secretaría de Inteligencia habrían hurgado en la denuncia que por enriquecimiento ilícito le iniciaran a Ballestero Elisa Carrió y el fallecido diputado radical Melchor Cruchaga en el ‘96 y que culminó en el 2000 con un pronunciamiento del Consejo de la Magistratura cerrando la investigación por enriquecimiento ilícito.
Para ello, la mayoría se basó en la decisión del juez de instrucción Roberto Muratore, que había sobreseído a Ballestero, pues llegó a la conclusión de que el magistrado adquirió sus bienes en forma legítima. Seis consejeros, en cambio, se abstuvieron: el diputado Melchor Cruchaga (Alianza-Buenos Aires), los representantes de los abogados Juan Carlos Gemignani y Diego May Zubiría, el juez Javier Fernández Moore y el senador Horacio Usandizaga (Alianza-Santa Fe).
Cruchaga manifestó que aún tenía algunas dudas, como por ejemplo cómo Ballestero, para comprar su departamento, pudo acceder a un crédito de un banco mayorista, que no presta dinero a particulares.
También se objetó que el magistrado no presentó su declaración de impuestos. Pero esos planteos fueron rechazados y la investigación del Consejo fue definitivamente cerrada.
Lo cierto es que Ballestero se había defendido sosteniendo que su lujoso departamento sito en Avenida Libertador lo había podido comprar gracias a un crédito blando otorgado por el Banco Macro, cuyo dueño Jorge Brito es hoy el banquero número uno del kirchnerismo. La investigación patrimonial sobre Ballestero habría -según las mismas fuentes- progresado en dirección a presuntas inversiones deéeste en un banco off shore de Curazao, que ahora es un Estado formalmente independiente del gobierno de Amsterdam pero que hasta el 2004 formaba parte de las Antillas Holandesas.
Estas presuntas operaciones financieras del juez en el exterior estarían en manos del estudio Della Rocca-Piazza-Almarza, estrechamente ligado justamente al Banco Macro, ya que tendría a su cargo el gerenciamiento de varias sociedades de Brito en el exterior, incluyendo una con sede en Curazao.
El caso es que, con el Banco Macro y el empresario Raúl Moneta entre sus clientes, el estudio Della Rocca-Piazza-Almarza tuvo una fluida relación con el caso Ciccone.
Prestó, por ejemplo, servicios de consultoría durante el desembarco de The Old Fund en la imprenta y se encargó de los registros contables de la cooperativa que financió a The Old Fund, mientras que uno de sus contadores satélites rubricó las cuentas del misterioso fondo que presidía Alejandro Vandenbroele.
Al procesar al vicepresidente Amado Boudou, el juez federal Ariel Lijo hizo algunos avances sobre el papel cumplido por el estudio Della Rocca. Estableció, por ejemplo, que uno de sus socios, el contador Carlos Javier Piazza -síndico titular del Banco Macro-, junto a otro socio del estudio, Alejandro Almarza, y de otras tres firmas del Grupo Macro-, firmó “los estados contables” a noviembre de 2011 de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Limitada, que a su vez poseía dos cuentas corrientes en el Macro.
“No parece casual que el estudio Della Rocca-Piazza-Almarza sea el que también firmó los estados contables de la Cooperativa de Crédito Marítima cuando registró una crecida repentina en su patrimonio”, añadió Lijo en otro tramo de su resolución, en alusión al incremento patrimonial que le permitió a la cooperativa financiar a The Old Fund con $ 29 millones, un monto que superaba su propio capital social.
En esa línea, además, en un informe que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) envió a la Justicia, alertó que la actuación de la cooperativa ocultó en realidad una “intermediación financiera entre el Banco Macro y los asociados” a esa cooperativa, como The Old Fund. Para evitar los crecientes riesgos que crecían junto con el caso Ciccone, el estudio optó por dejar de firmar los informes contables de la cooperativa, que delegó en uno de sus contadores externos, Carlos Grunberg, el mismo profesional que terminó por rubricar -y asumir la responsabilidad por- los balances de The Old Fund.
Pero el daño para el estudio Della Rocca no es sólo potencial por su reputación. Ya les generó una cuenta pendiente por $ 210.000 -por su rol de consultoría en el “take over” de la ex Ciccone por The Old Fund- que Vandenbroele no pagó.
El estudio lo asumió como una pérdida derivada de un llamado que le adjudican en 2011 a Moneta, para el que la firma trabajó en la venta de una participación en Pluspetrol.
Así las cosas, el carpetazo en marcha contra Ballestero lo vincularía a la compleja trama de negocios de Jorge Brito y a los engranajes financieros del caso Ciccone.
En cuanto a Eduardo Freiler, la inteligencia oficial contaría con menos elementos económicos para presionarlo. El trabajo sobre este juez estaría a cargo del flamante Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que lo conoce desde muchos años atrás. Ocurre que la carrera judicial de Freiler proviene de la prosapia peronista.
Su suegra, Esther “Monona” Pereyra Arandía, se casó con Osvaldo Zenón Pérez Pardo, ex funcionario de Isabel Perón. En los 90, “Monona” se convirtió en los ojos de Alberto Pierri en la Cámara de Diputados mientras él la presidió. Desde el puesto clave de secretaria parlamentaria, Monona tenía poder y contactos. Y le dio un empujoncito a su yerno, que lo dejó al frente de la Fiscalía de Instrucción número 22, donde estuvo un año.
Éste fue el trampolín para su llegada a un juzgado federal. Ahora el gobierno trataría de hacer valer los favores que Freiler le debe al PJ.
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