marzo 22, 2015
Por Guillermo Cherashny
Varias veces le preguntaron al destacado penalista Maximiliano Rusconi sobre los honorarios que le pagaría su defendido Diego Lagomarsino y siempre contestó que muy poco y prácticamente que lo hacía pro bono, que en los Estados Unidos quiere decir en forma gratuita. Pero fuentes seguras afirman que es el gobierno el que estaría a cargo de sus altos honorarios. Y basamos esta afirmación en la conexión del caso con el hecho de que Rusconi está propuesto por el Ejecutivo para cubrir una de las cuatro vacantes de la Cámara de Casación Penal, que hace tiempo que están pendientes. Rusconi trabajó en la Procuración General durante el menemismo y el gobierno de la Alianza, para luego desempeñarse en la actividad privada con clientes importantes (uno de ellos fue Carlos Menem). En el foro se lo considera un excelente penalista adscripto a la corriente garantista.
Su defensa mediática fue en principio favorable a la persona de Alberto Nisman, aunque siempre dijo que no sabía si hubo suicidio o asesinato. Pero sí opinó sobre la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento de CFK en el caso AMIA y dijo que el juez federal Daniel Rafecas se había equivocado porque -según él- había comienzo de ejecución del delito referido por parte de la presidente y Héctor Timerman.
Una jueza poco clara
Cuando Arroyo Salgado denunció que con Nisman se cometió un magnicidio, ubicó además la data de la muerte a las 20 hs. del sábado, lo que prácticamente colocaba a Lagomarsino en la escena del crimen. Éste reaccionó cuestionando esa afirmación y como prueba dijo que el domingo entre las 7 y 8 de la mañana hubo un acceso local, es decir que Nisman usó su notebook, cuestión que hasta ahora es opinable, así como varias cuestiones más. Arroyo Salgado negó asimismo que lo hayan matado a su ex marido por un tema económico. También se dijo que ella impidió que se hicieran las pericias de la computadora y los celulares, pero ayer dijo que nunca pidió tal cosa.
La ex de Nisman sí pidió allanar el domicilio de Lagomarsino, que le secuestraran su ropa y quiere averiguar sobre una cuenta en el exterior que tendría aquél en conjunto con la madre y la hermana del fiscal. Este pedido generó una gran confusión en la opinión pública, porque parece que a su ex pareja le interesa la situación económica que tenía Nisman, a la vez que dice que fue un magnicidio (o sea, un crimen político) lo cual parece incoherente si, como afirmó, no hay móvil económico en el homicidio. Así las cosas, Rusconi se despachó diciendo que Lagomarsino le daba la mitad de su sueldo al fiscal, lo cual se interpreta como un claro intento de embarrar la cancha en perjuicio de Nisman. A esto se le sumaron los carteles de éste intimando con varias modelos, pegados por un sector del cristinismo.
Lo cierto es que ahora lo único que está claro es que el cristinismo quiere destrozar sobre todo la imagen de Nisman, como un camino para desinflar la causa. Pero también Arroyo Salgado debería aclarar todo lo referido a sus preguntas sobre la situación patrimonial de su ex y concentrarse en si fue un magnicidio, que es lo que piensa la gran mayoría de la gente.
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