lunes, 29 de junio de 2015

La persecución a Carlos Fayt




Lunes 29 de junio de 2015 | Publicado en
 edición impresa

Editorial II


 En la OEA se aprobó, el pasado 15, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Suscripta por la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, entrará en vigor rápidamente ya que para ello se requiere sólo la ratificación de dos Estados miembros. La Convención proscribe claramente la persecución desatada desde el Poder Legislativo contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos S. Fayt. Cabe apuntar que ya hay una denuncia penal contra la subcomisión que integran la diputada Anabel Fernández Sagasti y los 16 diputados oficialistas más que persisten en la pretensión ilegal de investigar la "salud psicofísica" del juez, como quedó demostrado el jueves pasado, en la segunda convocatoria secreta que tuvieron y de la que tampoco participaron ni fueron informados los diputados opositores que habían rechazado formar parte de la subcomisión, pero sí ser informados cada vez que esta se reúna.
La Convención tiene por objeto proteger y asegurar, en condiciones de igualdad, los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona mayor, es decir, las que tienen 60 años de edad o más, y procura específicamente la eliminación de cualquier discriminación por edad que pretenda anular o restringir el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de esas personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Define como "maltrato" a toda acción contra una persona mayor que dañe su integridad física, psíquica y moral. La acción de la diputada Anabel Fernández Sagasti y los otros diputados queda incluida entre los malos tratos.
La Convención define como "violencia" contra cualquier persona mayor todo aquello que le cause daño o sufrimiento físico o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. El trato persecutorio contra Fayt está específicamente prohibido por esa Convención que garantiza a las personas mayores el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en cualquier ámbito en el que sus actividades se desenvuelvan. Cabe esperar ahora que la Justicia disponga el inmediato cese de las vejaciones que se han puesto en marcha contra Fayt.

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