Réquiem para la Justicia

Sábado 27 de junio de 2015 | Publicado en 

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Editorial I

La arbitraria e ilegal remoción del juez Cabral ha dado cuenta de la fase final del asalto al Poder Judicial por parte del kirchnerismo. PARTE I

A lo largo de la última década hemos denunciado desde esta columna un gravísimo proceso de degradación republicana. Uno de sus mayores indicadores es el avance progresivo sobre el Poder Judicial, que la fracción política a cargo del gobierno nacional desde 2003 ha ejecutado sin pausas ni escrúpulos.

Las últimas horas han dado cuenta de la fase final del asalto a la Justicia, con la arbitraria remoción del juez Luis María Cabral de su cargo como subrogante en la Sala I de la Cámara de Casación Penal, con el propósito de impedir su presumible voto en contra del cuestionable memorando entre la Argentina e Irán, en lo inmediato, y de controlar el cuerpo con jueces subrogantes afines al oficialismo cuando llegue el momento de considerar casos de corrupción que comprometen a la familia presidencial y a funcionarios kirchneristas, como la causa Hotesur. La remoción fue efectuada en forma directa, a través de un simple acto administrativo del Consejo de la Magistratura, sin que mediara un juicio o procedimiento conforme a derecho, y en abierta violación de la estabilidad plena de los jueces subrogantes. En la misma Sala I, se dispuso el reemplazo del juez Gustavo Hornos, logrando el oficialismo que la totalidad del cuerpo quede formada por jueces subrogantes elegidos entre el listado de abogados conjueces designados por el Poder Ejecutivo.

El proceso de asalto a la Justicia, sin embargo, se inició mucho tiempo atrás. El kirchnerismo, a poco tiempo de llegar al gobierno nacional, no tardó en debilitar las limitaciones impuestas por la obligación de elegir magistrados entre los mejor calificados en los concursos del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. El recurso en los primeros años fue acumular ternas de manera de aumentar artificialmente la discrecionalidad del Presidente. Esto trajo consigo dos males que perduran hasta hoy: las demoras generalizadas en la cobertura de las vacantes y la precarización de la administración de justicia con la proliferación de subrogancias en todos los fueros nacionales y federales.

A pesar del daño creciente que este afán de poder provocaba, aquello pronto fue insuficiente para el kirchnerismo, que en 2006 dio su segundo golpe. En lugar de contentarse con los márgenes de las ternas, aún ampliados por amontonamiento de expedientes, buscaron dominar el organismo del que aquéllas provenían. La propia Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora nacional, fue la encargada de promover las reformas al Consejo de la Magistratura que establecieron una inconstitucional mayoría de miembros políticos y dotaron al Frente para la Victoria del poder para vetar cualquier concurso o iniciativa de enjuiciamiento contrarios a sus mezquinos intereses.

Paralelamente, comenzó la agonía y ocaso del mérito cuya vigencia como regla para el acceso a la magistratura había inspirado la creación de aquel organismo. Apenas asumidos los nuevos consejeros oficialistas, promovieron e impusieron por mayoría un criterio selectivo en la acumulación de nuevas vacantes a los concursos en trámite, evitándola cuando el orden de mérito que resultaba de las pruebas y antecedentes no les agradaba, sea por ausencia de sus favoritos o por la incómoda presencia de los que no gozaban de la bendición del Gobierno. A esta práctica generalizada agregaron, en el caso de los concursos que avanzaban sin ofrecer márgenes aceptables de discrecionalidad, el bloqueo del proceso o su lisa y llana anulación. Esto último ocurrió con el recordado concurso 140 para cubrir cuatro cargos en los juzgados federales en lo criminal y correccional de la Capital Federal que, a pesar de haber visto sus calificaciones confirmadas por el jurista Julio Maier, fue incinerado en una medianoche de julio de 2008, en medio de públicas declamaciones de los consejeros Diana Conti y Carlos Kunkel sobre la falta de "aptitud política" de los aspirantes que ocupaban los primeros puestos.

A estas maniobras de conquista le siguieron el grotesco y fallido intento denominado "democratización de la Justicia" y el desembarco en la Procuración General de la Nación con la designación de Alejandra Gils Carbó. Esta fase final del asalto se concentró en los últimos tres años en consolidar la cuña partidista introducida en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Para ello se creó desde el Gobierno la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, se designaron multitudes de fiscales adictos mediante subrogancias artificiales y un régimen de concursos amañados por jurados nombrados a dedo por Gils Carbó. Finalmente, se impuso la reforma al régimen procesal y a la ley orgánica del Ministerio Público, de manera de capitalizar el dominio sobre los fiscales y pasar a condición de pérdida secundaria las resistencias encontradas en los jueces, el Consejo de la Magistratura y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A pesar de estos recaudos del creciente comisariato y policía ideológica en materia de designación de jueces y fiscales, el oficialismo no pudo evitar que algunos aspirantes a la Magistratura, a sus ojos indeseables, consiguieran superar estos obstáculos e integrar las ternas elevadas a consideración de Néstor y Cristina Kirchner. Para estos casos, el Gobierno se reservó un antiguo recurso, propio de las tiranías, dictaduras y totalitarismos de todas las épocas: la proscripción. 

Emparentado en sus principios discriminatorios con la distribución arbitraria de la pauta oficial entre los medios adictos en perjuicio del periodismo crítico, esta suerte de estalinismo burocrático se extendió también a otros ámbitos, como las Fuerzas Armadas y organismos públicos de relevancia estratégica, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Inspección General de Justicia, la Secretaría de Comercio y la Cancillería. En sus manifestaciones más extremas, incluyó la lisa y llana segregación por cuestiones de sangre o pertenencia familiar y el desalojo de funcionarios bajo el eufemismo inquietante y reminiscente de su reubicación, una cuestión a la cual nos referiremos mañana.