Hotesur, la causa que más compromete a los Kirchner

Sábado 29 de agosto de 2015 | Publicado en 

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Editorial I

La gravedad de los hechos investigados impone que la labor judicial no se paralice ni se vea trabada por chicanas y presiones a la Justicia

Prácticamente no transcurre una semana sin que el caso Hotesur no produzca novedades, por lo general escandalosas y cada vez más comprometedoras para la familia Kirchner.

No hace mucho, la familia presidencial había logrado una victoria al ser apartado el juez federal Claudio Bonadio, quien hasta ese momento se encontraba a cargo de este expediente donde se investiga el presunto lavado de dinero provisto por sociedades de Lázaro Báez en beneficio de la familia Kirchner mediante el falso alquiler de habitaciones en los hoteles Las Dunas y Alto Calafate de la familia presidencial.

El apartamiento de Bonadio se produjo luego de que el magistrado ordenara varios allanamientos en Río Gallegos, entre ellos, el de Negocios Inmobiliarios, donde trabaja Máximo Kirchner, hoy candidato a diputado nacional, y el de otras firmas vinculadas. Fueron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, de la Sala I de la Cámara Federal, quienes votaron en sintonía con el Gobierno por el apartamiento de Bonadio. El tercer camarista, Eduardo Farah, votó en disidencia.

De todos modos, el Gobierno no logró aún su objetivo de máxima, que consistía, una vez apartado Bonadio, en el pase del explosivo expediente del fuero federal de la Capital al de Río Gallegos. La apelación planteando esta cuestión de competencia la realizaron el propio Báez y Romina Mercado, sobrina de la Presidenta y titular de Hotesur, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, integrada por camaristas independientes, resolvió que no correspondía el traslado del sumario al juzgado federal de Río Gallegos. De esta manera, continúa a cargo del caso el juez federal Daniel Rafecas, reemplazante de Bonadio.

Rafecas, a su vez, resolvió otro punto fundamental al considerar válida la documentación obtenida en el Sur durante los allanamientos ordenados por Bonadio. En ella residen los elementos que más comprometerían a los Kirchner en graves irregularidades junto con Báez. Así lo reveló LA NACION en diciembre de 2013 al informar que empresas de Báez habían alquilado habitaciones en los hoteles pagando varios millones de pesos, pero esas habitaciones nunca se habían ocupado. Las presuntas pruebas de esa grosera operación, un clásico en los viejos manuales de lavado de dinero, se encontrarían en la documentación secuestrada. Por lo pronto, esos documentos confirman los estrechísimos lazos comerciales entre Báez y los Kirchner.

En síntesis: mientras Báez, quien maneja un conglomerado de empresas constructoras que prosperaron tras el arribo de Néstor Kirchner a la Presidencia -Austral Construcciones, Kank y Costilla y Gotti Hermanos-, recibía contratos del Gobierno por más de 8000 millones de pesos, les pagaba por medio de sus empresas a los Kirchner habitaciones que los empleados de Báez no ocupaban. Al resolver la cuestión de competencia, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia sostuvo que esas operaciones "estarían vinculadas con el compromiso de Báez de retornar parte de los pagos que recibió como beneficiario de la obra pública nacional patagónica".

Como informó LA NACION el domingo último, los allanamientos arrojaron que, en su escritorio de Negocios Inmobiliarios, Máximo Kirchner guardaba abundante documentación de Austral Construcciones. ¿Por qué? A su vez, la Presidenta intentó minimizar su relación con Báez y el papel del empresario como contratista de obras públicas.

En la documentación que estaba en poder de Máximo Kirchner y ahora custodia Rafecas, había cheques, facturas, poderes y varios contratos de alquiler entre Báez y Néstor Kirchner, una relación comercial que, por lo visto, continuó con su hijo Máximo, pues también se secuestró una carpeta con 93 recibos celebrados entre él y Austral Construcciones, así como contratos de locación firmados entre ambos.

La nulidad de los allanamientos y de la prueba en ellos recogida fue una esperanza que se frustró para Báez y la familia presidencial. Sin embargo, aún es posible que esta accidentada causa sea el escenario de nuevas trampas destinadas a aligerar la lógica presión judicial sobre los Kirchner. Una de ellas podría gestarse en la Sala I de la Cámara de Casación, con conjueces subrogantes afines al Gobierno. Esa sala terminará de zanjar si la causa debe o no mudarse a Río Gallegos. Mientras tanto, el expediente se encuentra forzosamente paralizado.

Es preciso que la Justicia no repita aquí lo hecho durante buena parte de la investigación de dos de los principales escándalos de la década menemista. Nos referimos al contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador y a los más de cien millones de dólares en préstamos oficiales que recibió y jamás devolvió Curtiembres Yoma, propiedad de la familia de la ex esposa de Menem. Ambas causas se prolongaron por años. La primera ya cumplió 20 y aguarda la confirmación o no de la sentencia que condenó, junto con otros, al ex presidente Carlos Menem. En cuanto a Curtiembres Yoma, fueron varias las causas, en su mayoría prescriptas, debido a la lentitud cómplice de la Justicia.

La verdadera índole de las relaciones económicas entre Báez y los Kirchner no puede quedar en el mero ámbito de las sospechas. Para ello, es indispensable que los principales sospechosos, que en caso de ser inocentes deberían ser los más interesados en que la Justicia lo pruebe a la brevedad, se abstengan de toda maniobra entorpecedora y dilatoria. Y que los funcionarios judiciales actúen con diligencia.