Fraude estructural

Miércoles 23 de septiembre de 2015.

EDITORIAL  I

La Corte de Tucumán, al convalidar los escandalosos comicios, reconoció el flagelo clientelista, pero dejó sin resguardo los derechos por él lesionados

Si bien la Corte Suprema de Tucumán convalidó las escandalosas elecciones provinciales que le dieron el triunfo al kirchnerista Juan Luis Manzur, no es un dato menor el hecho de que el tribunal no haya descartado la existencia de maniobras fraudulentas y que se limitara a discutir su intensidad para darles luz verde a los comicios.

Una semana atrás, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia, que tiene competencia para tratar cuestiones en las que es parte el estado provincial, con la firma de sus magistrados Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, declaró la nulidad de las elecciones que dieron ganador al ex ministro de Salud de la Nación.

Esta sentencia analizó, a lo largo de 48 páginas, los graves hechos sucedidos durante las elecciones realizadas el 23 de agosto. Allí se detallan los efectos repudiables del clientelismo político. Se describen prácticas tales como la entrega de bolsones con alimentos, las rifas de electrodomésticos y hasta automóviles, el acarreo indiscriminado de votantes, los cambios ilegales de domicilio, la sustracción y quema de urnas, las amenazas y agresiones a las autoridades de mesa, la destrucción de videos de lugares donde se hallaban custodiadas las urnas y de los discos donde se encontraban almacenados los registros de envío y recepción de las urnas.

Ante la descripción que los jueces hicieron de las peores prácticas políticas que agreden el principio elemental de la vida democrática, las reacciones dejaron al desnudo la intolerancia. Se difundieron carteles con el rostro de los jueces marcados con el signo pesos, se los denunció y hasta fue sospechosamente violado el domicilio del secretario de la Cámara. Y mediante un mensaje emitido por la cadena nacional, en otro de los tantos abusos de poder a los cuales nos tiene acostumbrados, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner censuró sin ningún disimulo a los jueces que osaron con su decisión desafiar al poder al dar cuenta de que el fraude no ha sido desterrado.

Cinco días después, la Corte tucumana dictó una nueva sentencia en la que no se hace ni una sola mención a la posición del opositor Acuerdo para el Bicentenario, que era parte o, al menos, debió haber sido tenido por parte en la discusión. Un mínimo respeto a los derechos de quien intenta obtener la protección judicial es mencionar qué dijo. Pero el tribunal superior provincial olvidó el principio básico de todo juicio, que es escuchar a las dos partes. Seguramente los gritos oficialistas de la plaza no dejaban oír todas las voces.

¿Qué dijo la Corte Suprema de Tucumán? Revocó la sentencia de la Cámara, con lo cual dejó abierto el camino para la asunción de Manzur, aunque también exhortó a adoptar las medidas necesarias para combatir el "flagelo del clientelismo político". La única razón para hacerlo es haber dado por probado que el flagelo produjo los efectos que se exhorta a evitar en el futuro, lo cual significa una curiosa paradoja. Por un lado, reconoce el clientelismo y señala que "no pueden desconocerse la gravedad y la trascendencia pública de los diversos hechos acontecidos en la jornada electoral del 23 de agosto"; por otro, deja sin resguardo los derechos que el clientelismo lesiona.

Pero no solamente dio por cierto el flagelo del clientelismo político. Además, el primer voto del fallo del decano de la Corte, René Goane, único miembro del tribunal no designado durante la administración de José Alperovich, consideró que era una "loable finalidad" la perseguida por los camaristas Ruiz y López Piossek al intentar proteger la soberanía popular expresada a través del sufragio. Del mismo modo, consideró que los hechos de los que daba cuenta el fallo se debían tener por probados. Los otros cuatro miembros de la Corte tucumana, en sus votos individuales, tampoco los tildaron de falaces, aunque dijeron que no eran tan graves.

En síntesis, el máximo tribunal tucumano, con una sentencia confusa, parecería darnos a entender que hubo un fraude estructural de una magnitud que permite ignorarlo y dejar sin protección el pleno ejercicio de los más básicos derechos políticos basados en la soberanía popular.

Es de desear que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboque a esta delicada cuestión, zanjándola como lo hizo en otras ocasiones en que debió pronunciarse sobre conflictivas situaciones provinciales reñidas con nuestro sistema republicano y democrático. Porque si hay algo que no podemos hacer es comenzar a ver las maniobras electorales fraudulentas como algo natural en nuestro paisaje político.