Crece el escándalo por el Plan Qunita

23/10/2015 - 06:08hs

Hubo procedimientos judiciales en nuestra ciudad, donde el diario Hoy comprobó que tres firmas contratadas por montos millonarios tienen sedes en casas de familia y otra en un pequeño local. Intervino un juez que es hermano de uno de los imputados que ayer se negó a declarar

Una revelación que hizo el diario Hoy la semana pasada, generó un verdadero cimbronazo:  cuatro empresas con sede en La Plata, que fueron beneficiadas con contrataciones por más de 120 millones de dólares en el marco del denominado Programa Qunita (entrega de kits para embarazadas) que instrumenta el gobierno nacional, presentarían groseras irregularidades. Recordemos que en esta causa judicial por el pago de sobreprecios –que se originó a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña- se encuentra imputado, entre otros funcionarios, el jefe de gabinete de la Nación y candidato a gobernador, Aníbal “La Morsa” Fernández.

Concretamente, nuestro diario pudo comprobar in situ que tres de las firmas contratadas declararon como domicilios fiscales casas de familia.  Son el caso de Delta, Dromotech y Narciso. En esta última, además, el propio propietario de la vivienda le reconoció a Hoy que allí no funciona la compañía y que solamente se dedican a recibir el correo.

En tanto, la firma Diela, la otra sociedad de La Plata que fue contratada, tiene una mínima apariencia comercial con un local de vestimenta deportiva de reducidas dimensiones que se encuentra ubicado en calle 47 entre 11 y 12 y que, a simple vista, no reuniría los mínimos requisitos para poder cumplir con el contrato que le fue asignado por casi $40 millones. Además, ninguna de estas empresas cuenta con experiencia en el rubro para el que fueron contratadas y, pese a haber tenido facturaciones irrisorias en sus últimos balances, su mayor ganancia la obtendrían teniendo al Estado como cliente.

A partir de esta situación, ayer se conoció que el juez federal Claudio Bonadio, el mismo magistrado que investigó a la familia presidencial en la causa Hotesur hasta que fue apartado a partir de una oscura maniobra K, ordenó una serie de procedimientos en las sedes que declaran las empresas en nuestra ciudad.  Llamativamente, por exhorto, le tocó intervenir al recientemente nombrado juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, un ex subordinado del actual viceministro de Justicia de la Nación, el camporista Julián Álvarez, y ex operador judicial kirchnerista del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. El juez es nada menos que el hermano del viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que se encuentra imputado en la causa. Es decir, el magistrado interviniente tiene un parentesco familiar directo con uno de los principales imputados.

Nicolás Kreplak ayer se presentó a indagatoria en el juzgado de Bonadio y se negó a declarar. Llegó unos minutos antes de las 11 al cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, acompañado de su abogado defensor, el penalista Nicolás D´Albora. El viceministro y militante de La Cámpora lucía traje azul sin corbata y camisa celeste con monograma. Según fuentes judiciales, pidió leer el expediente para presentarse en otra ocasión.

Kreplak fue quien desde su cargo de subsecretario de Medicina Comunitaria Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, manejó el proceso licitatorio que terminó en un contrato de 1100 millones de pesos, repartido entre seis empresas. Una de ellas, Fasano SRL, se quedó la mayor parte del negocio: le venderá al Estado 115.000 kits por un total de 907 millones de pesos.

Cuando Bonadio fundamentó el llamado a indagatoria de todos los imputados por el caso Qunita, señaló que de acuerdo a la documentación del expediente se podría "sospechar que la licitación investigada estuvo desde un inicio encaminada a favorecer a las seis empresas ganadoras, las que fueron agraciadas con negocios millonarios de montos que aparecen injustificados, empresas éstas de reciente creación, cuyas actividades y objetos sociales poco o nada tenían que ver con los productos licitados, y con movimientos económicos exiguos en comparación con las cifras por las que fueran adjudicadas".

Lluvia de indagatorias


En total, en la causa Qunita, el juez Bonadío ordenó 23 indagatorias que comenzaron el miércoles. Entre los convocados está Aníbal Fernández; el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el gobernador electo de Tucumán, Juan Manzur. El tucumano en su carácter de ex ministro de Salud fue quien impulsó la licitación en tanto Fernández y Gollán fueron quienes firmaron la decisión administrativa por la que se aprobó la licitación que ahora está bajo sospecha.