03/12/15
La lucha por la transparencia.
Buscarán dar garantías a quienes den datos sobre corrupción, y recuperar para el Estado bienes y fondos mal habidos.
Quiere darle a su Gobierno una impronta de honestidad y tolerancia cero a la corrupción. Por eso, el presidente electo Mauricio Macri prepara un conjunto de medidas políticas para fortalecer la transparencia, además de leyes que sirvan de herramientas a los jueces para investigar y juzgar. Sin embargo, el jefe del PRO no dio una señal concreta respecto de los polémicos “operadores” políticos que hasta ahora todo Gobierno tuvo en los tribunales de Comodoro Py, y al respecto hay diferencias tanto en Cambiemos como en su futuro Gabinete.
“Voy a ser realmente muy exigente, no voy a tener ningún tipo de tolerancia, no hay impunidad para nadie, todos van a tener que cumplir”, señaló Macri ayer en la presentación de su Gabinete en el Jardín Botánico. Antes, su aliada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había criticado al presidente de Boca y amigo de Macri, Daniel “Tano” Angelici, al advertir: “Se está reuniendo con jueces y fiscales, y esto Mauricio Macri lo tiene que ver. No se puede permitir que vaya a operar en Comodoro Py”.
Macri no respondió a esas declaraciones de la chaqueña, pero trabaja en el armado de un esquema que permita no solo juzgar antiguos casos de corrupción, sino condenar nuevos. “Nosotros en la Oficina Anticorrupción (OA) podemos investigar, pero quienes tienen el poder de condenar son los jueces, por eso queremos que haya legislación adecuada para que puedan investigar y sancionar sin interferencias políticas”, advirtió a Clarín la diputada Laura Alonso, a quien Macri eligió para que asuma como titular de la OA el 10 de diciembre.
Alonso se refiere, sobre todo, a dos leyes que en el macrismo consideran clave: la ley del arrepentido y la de extinción de dominio para casos de corrupción. Ambas normas darían a los jueces federales una herramienta más, además de la cosa juzgada írrita con la que ya cuentan los fiscales para pedir la reapertura de causas, para investigar y juzgar.
En el Congreso ya existen algunos proyectos de ley sobre esta materia, por lo que el nuevo Gobierno podría reimpulsar el tratamiento de esas normas en ambas Cámaras o enviar un nuevo documento. La ley del arrepentido daría garantías a aquellos que cuenten con información relevante que permita probar una trama de corrupción, mientras que la de extinción de dominio es la que habilita al Estado a recuperar aquellos bienes o dinero que fueron obtenidos por funcionarios o ex funcionarios de manera ilegal.
“La transparencia y la ética son una obligación, pero sobre todo una orden expresa del nuevo Presidente. Es muy importante que los nuevos funcionarios en todas la áreas del Gobierno nacional, organismos y empresas estatales, conozcan y respeten la ética pública, la transparencia y la rendición de cuentas”, insistió Alonso, quien destacó que cumplirán a rajatabla con el decreto de acceso a la información e impulsarán la sanción de una nueva ley de Ética pública.
Pero Macri apuesta no sólo a la sanción, sino también a la prevención. Quiere evitar que sus funcionarios cometan actos de corrupción y descarta que Alonso trabajará en eso informando y capacitando a los futuros ministros, secretarios y directores en materia de ética pública. Tal como informó Clarín, la diputada ya trabaja en un dictamen preventivo de conflicto de intereses.
Otra área clave del Gobierno en la búsqueda de transparencia será el ministerio de Modernización del Estado que ocupará Andrés Ibarra, un hombre de extrema confianza del presidente electo. Tal como hizo en la Ciudad, Macri incorporará mediante un decreto cláusulas de Gobierno Abierto para liberar bases de datos del Estado, y eso estará coordinado por Ibarra. El objetivo es que toda la ciudadanía pueda acceder a información como contrataciones públicas, partidas de publicidad oficial o compras de medicamentos a través de una plataforma online de lectura fácil.
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